CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A un año del homicidio de la colombiana Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril en la colonia Narvarte, que se cumple este domingo 31, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) aún no determina el móvil del crimen.
El titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, tampoco ha aclarado a quién o quiénes pertenecen las 11 huellas dactilares, así como el adn masculino y una huella de zapato ensangrentada localizados en la escena del crimen, pues son ajenas a Daniel Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas, los tres presuntos victimarios.
Además, los juicios que se desarrollan paralelamente en los juzgados penales 25 y 60 de la Ciudad de México se encuentran entrampados por amparos y solicitudes de peritajes y pruebas sin desahogar interpuestos por los abogados coadyuvantes de los familiares de las víctimas y la defensa de los inculpados, quienes se encuentran en una zona de máxima seguridad del Reclusorio Oriente.
Y mientras las autoridades capitalinas parecen apostarle al olvido, los familiares de las cinco víctimas esperan el desahogo de las líneas de investigación y el resarcimiento del daño, tal como se los prometió el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera hace 12 meses y lo reiteró el pasado 13 de mayo en su oficina del antiguo palacio del ayuntamiento.
Desde que Pacheco Gutiérrez, Torres Tranquilino y Martínez Zendejas fueron detenidos en agosto y septiembre de 2015 y se les acusó de feminicidio agravado, homicidio calificado, robo agravado y en pandilla, permanecen “encapsulados” en una zona de máxima seguridad y de acceso restringido en el Reclusorio Oriente –la llamada zona VIP–, con amparos interpuestos y pruebas pendientes que han evitado su sentencia.
Su confinamiento responde a motivos de seguridad y a la petición explícita de la PGJ. Por lo que han confiado a sus custodios, los tres se consideran “chivos expiatorios” de la dependencia dirigida por Rodolfo Ríos, aunque ninguno ha querido hablar con la prensa, pues confiesan tener miedo.
Por la zona VIP pasó Fabián Granier, hijo del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, en abril pasado cuando fue acusado por defraudación fiscal, aunque sólo estuvo ahí cinco días. Quien aún permanece ahí es Leopoldo Rafael Duarte Pereda, acusado de abuso sexual agravado contra tres niños del colegio Montessori Matatena.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), ninguno de los tres detenidos por el crimen en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón ha recibido sentencia de la juez 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez.
¿La razón? En los expedientes 129/2015 y sus acumulados 139/2015 y 149/2015 aún hay amparos y pruebas por desahogar, además de las 20 audiencias desarrolladas.
En el caso de Pacheco Gutiérrez, por ejemplo, faltan por desahogar documentales a registros de entrada y salida de vehículos de la Unidad Conjunto Habitacional Cuemanco del 4 de agosto de 2015, un día antes de su detención. Respecto a su denuncia por tortura, falta la emisión de un dictamen de medicina forense.
Además, su defensa interpuso un amparo contra la resolución emitida por la Cuarta Sala Penal del TSJ el pasado 29 de marzo, dentro del toca 995/2015. Este juicio derivó de la apelación que su defensor de oficio interpuso contra el auto de formal prisión dictado el 13 de agosto del año pasado.
Para el proceso de Torres Tranquilino, según el TSJCDMX, todas las pruebas están desahogadas. Sin embargo, en su denuncia por tortura, hecha en la ampliación de su declaración, está pendiente la rendición de un dictamen en materia psicológica.
Y en el caso de Martínez Zendejas –quien desde su detención, el 11 de septiembre de 2015, negó haber estado en el departamento y participado en el crimen–, aún están pendientes por desahogar dictámenes terceros en discordia en materia de criminalística de campo y otro en materia de identificación humana. Se sabe que el primero fue solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, también está en trámite la resolución de un amparo contra el auto de formal prisión del 18 de septiembre de 2015, dictado por el juez Séptimo Penal en la Ciudad de México.
Si bien el trabajo en los juzgados penales de la Ciudad de México no se distingue por la rapidez y eficacia para resolver los juicios, el del multihomicidio de la colonia Narvarte destaca por el historial del Juzgado 25 de lo Penal, a cargo de Hermelinda Silva Meléndez, y del 60 de amparo en materia Penal, encabezado por Flor Fernández de Castro Vargas. Ambos radican en el Reclusorio Oriente, donde los rodea el escándalo.
Los pendientes
El pasado 13 de mayo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, recibió en su oficina del antiguo palacio del ayuntamiento a familiares de las víctimas del caso Narvarte, los abogados coadyuvantes e integrantes de la Plataforma de Acompañamiento para la investigación ministerial.
El encuentro fue casi un mes después de que el Juzgado 60 concedió –el 18 de abril– un amparo a los familiares de las víctimas con el cual ordenó a la PGJ retomar las reuniones informativas con ellos y revisar de nuevo la petición de la coadyuvancia para cumplir 55 diligencias y pruebas que ésta le hizo en septiembre de 2015.
“Fue una reunión muy buena, salimos muy tranquilos porque hubo compromisos de Mancera directamente… Se comprometió a que no iba a ser sólo un cumplimiento formal del amparo, sino que se agotarían todas las líneas de investigación y se buscaría la verdad para saber si en realidad los tres detenidos cometieron el crimen. Y si es así, ¿por qué lo hicieron?, ¿para qué?, ¿qué ganaron?”, asegura en entrevista con Proceso Karla Micheel Salas, integrante del equipo de defensores de los familiares de Nadia Vera, Mile Virginia Martín y Yesenia Quiroz.
Sin embargo, cuando les tocó la reunión con las autoridades de la PGJ, dice, “vimos que hay un abismo entre el discurso político de Mancera y lo que ha ocurrido en la práctica con la procuraduría”.
Como muestra, destaca la respuesta que el pasado 2 de junio emitió la dependencia sobre la solicitud de las 55 diligencias relacionadas con las líneas de investigación que supuestamente trabaja el Ministerio Público: las amenazas y hostigamiento por el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa y el activismo de Nadia Vera en Veracruz, el robo, la prostitución y hasta un asunto de narcomenudeo.
En 28 páginas, el acuerdo identificado con el oficio número 30490/2016 enumera cada petición. Sin embargo, la respuesta en el fondo es la misma negativa: “No resultan eficaces, idóneas y pertinentes para aportar nuevos elementos”, o bien, que ya se realizaron y que gracias a ellas hay tres personas consignadas.
De entre la lista llama la atención la respuesta sobre las amenazas a Rubén Espinosa, quien colaboraba en Proceso y las agencias Cuartoscuro y AVC Noticias de Veracruz.
En los puntos ocho y nueve, la coadyuvancia pidió investigar “todos y cada uno de los lugares” donde el fotoperiodista laboró, tanto en la Ciudad de México como en Veracruz, además de recabar información sobre su trabajo periodístico. Incluso dio como referencia el portal http://ruben:proceso.com.mx.
Textual, en la foja 49, la PGJ contestó: “En respuesta a las solicitudes 8 y 9, se llevaron a cabo dichas investigaciones por parte de la Policía de Investigación a través de las direcciones electrónicas que se precisan y que se encuentran relacionadas con la víctima en mención, dicha investigación se encuentra en las fojas 3135 a 3142, y sí en cambio sirvieron de base para perfilar otras diversas líneas de investigación, que a la postre determinaron el ejercicio de la acción penal en contra de los probables responsables”.
Investigaciones empantanadas
Para el coadyuvante David Peña, lo anterior puede interpretarse como que Rubén fue asesinado por su labor periodística, pero la PGJ insiste en negarlo.
En la foja 50, la dependencia informó que aún queda pendiente “el traslado de Policía de Investigación, mediante Oficio de Colaboración, al estado de Veracruz, a efecto de realizar la investigación referente al entorno laboral de Espinosa Becerril en dicha entidad, solicitando el traslado para que estén preparados los posibles entrevistados del gremio periodístico”.
Otro “pendiente”, según el documento consultado por Proceso, es “la comparecencia de los diversos trabajadores del medio AVC Noticias de Veracruz”, como lo solicitó Leopoldo Maldonado, oficial del programa de la organización internacional Artículo 19 y representante de Alma y Patricia Espinosa, hermanas de Rubén.
Los abogados también pidieron saber si la procuraduría capitalina pidió a la Fiscalía General de Veracruz que requiriera a la Secretaría de Seguridad Pública estatal “la identidad de los policías que detuvieron y agredieron” a Rubén el 13 de septiembre de 2013, en una de las manifestaciones públicas que él cubrió como parte de su trabajo.
Tajante, la PGJ respondió: “Esa investigación está a cargo de la Procuraduría General de la República”. Nada más.
