CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El secretario de Gobierno en la entidad, Florencio Salazar Adame, admitió que el problema de la violencia en la entidad se dejó crecer y que el narco ahora se ha convertido en un problema para la gobernabilidad.
También acusó al sector transportista de estar infiltrado por el narco, sin especificar en qué regiones y el nombre de las organizaciones.
Luego calificó de ilegales a la mayoría de grupos de autodefensa que existen en cinco de las siete regiones.
Sobre ese tema, Salazar dijo que para resolver el conflicto de la expansión y enfrentamientos armados entre guardias comunitarias y delincuentes, ha propuesto que aquéllas se integren al sistema de la Policía Rural que administra el Ejército, “pero no quieren”, acusó el funcionario estatal para justificar la inoperancia gubernamental.
Ello, a pesar de que este fin de semana, Salazar Adame pactó con los dirigentes de la autodefensa denominada La Tecampanera del municipio de Teloloapan; investigar al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, por sus presuntos nexos con el narco, y detener a los líderes del grupo delictivo La Familia, Johnny Hurtado Olscoaga El Mojarro, quien es señalado como proveedor de la empresa minera canadiense Torex Gold asentada en Cocula y socio del empresario de negro historial Carlos Ahumada Kurtz, dueño de la minera Beneficiadora de Minerales Temixco.
De esta forma, Salazar destrabó de forma momentánea el conflicto que persiste en la zona Norte, luego de que los miembros de la autodefensa bloquearon durante más de 30 horas la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano a la altura de Teloloapan para exigir seguridad y la liberación de tres personas que fueron secuestradas hace dos semanas por la banda de La Familia, afincada en Arcelia.
Además, el gobierno de Héctor Astudillo brinda seguridad personal, a través de la Policía Preventiva Estatal (PPE), a Bruno Plácido Valerio, líder de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG).
Esta mañana en la sede del Poder Legislativo, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, y el titular de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, comparecieron ante la Comisión de Seguridad de la LXI legislatura local, que preside el diputado priista Héctor Vicario Castrejón, como parte de la glosa del primer año de administración del priista Astudillo Flores.
Al respecto, Almazán advirtió que la sociedad está al borde de la desesperación ante los niveles extremos de violencia que se viven en la entidad.
No obstante, redujo el problema de la violencia a la falta de presupuesto para combatir el delito y dotar de equipo a la Policía Estatal.
Ello a pesar de que en marzo la agencia de noticias Apro dio a conocer que, a finales de noviembre anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo.
Esos casi 20 millones provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinado a las entidades federativas.
