SAN DIEGO, California.- La creciente tensión entre California y el gobierno federal sobre la migración tiene a los empresarios en la mira, preocupados por el posible efecto en sus empresas y no está seguro de qué leyes deberían seguir.
Quienes pertenecen a industrias dependientes de migrantes, como la hostelería y la agricultura, dicen tener mensajes conflictivos del estado, con sus nuevas leyes para proteger a los residentes indocumentados, y el gobierno federal, que está tomando medidas enérgicas contra personas migrantes, lo que es una situación difícil.
“Es un poco aterrador estar atrapado en medio de un enfrentamiento entre los federales y la policía local”, dijo Sharokina Shams, portavoz de la Asociación de Restaurantes de California.
El 2 de enero, el director interino de Inmigración y Control de Aduanas dijo que California debería “Agarrarse” porque planeaba enviar una avalancha de agentes y realizar más acciones para contrarrestar la nueva ley “santuario” del estado. Esa ley, que entró en vigencia el 1 de enero, limita la cooperación de las agencias policiales locales y estatales con las autoridades federales.
EL ICE también allanó recientemente casi 100 franquicias 7-Eleven en todo el país y arrestó a 21 personas. Si eso sucediera en California, a los dueños de las tiendas se les exigiría una ley por separado para solicitar órdenes y multas.
Esa ley, llamada Ley de Protección al Trabajador migrante, también entró en vigencia el 1 de enero. Requiere que los empleadores admitan a los funcionarios de inmigración a un sitio de trabajo solo si los agentes tienen una orden de arresto; mantener privada la información confidencial de los trabajadores en ausencia de una citación; y notificar a sus trabajadores antes de que se lleve a cabo una auditoría federal de los registros de los empleados.
El fiscal general del estado, Xavier Becerra, anunció el 18 de enero que su oficina iría en contra de los empleadores que comparten información sobre los trabajadores en contradicción con la nueva ley y que podrían enfrentar un enjuiciamiento, incluidas multas de hasta 10 mil dólares.
“Queremos proteger los derechos de las personas a la privacidad y proteger su capacidad para hacer sus negocios, ir a trabajar y alimentar a sus hijos”, dijo Becerra.
Su anuncio fue provocado por los rumores en el norte de California de que los agentes de inmigración tienen la intención de llevar a cabo redadas en el lugar de trabajo.
La Oficina de Inmigración y Aduanas dice que se espera que los empleadores en California cumplan con las regulaciones federales, como lo han hecho en el pasado, cuando se les solicite que abran sus registros para su revisión.
La Ley de Protección al Trabajador Inmigrante “refleja un esfuerzo más por parte del Estado de California para interferir con las autoridades federales de inmigración”, dijo Lori Haley, vocera de ICE, a CALmatters en un correo electrónico. “La ley federal establecida por la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) de 1986 requiere que los empleadores verifiquen la identidad y la elegibilidad laboral de todas las personas que contratan”.
Dichas auditorías protegen empleos para ciudadanos y otras personas que se encuentran legalmente en el país y ayudan a combatir la explotación de trabajadores, el trabajo infantil y otras prácticas ilegales, dijo Haley.
Con Información de: Víctor Duarte Sigala
