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Negocios en la mira

Al final, los homicidas, porque eso son aunque sus actos sean culposos y no dolosos, gozan de su plena libertad

Aunque la cifra negra es considerable, hay 111 denuncias en total, generadas de enero a julio en Tijuana, Ensenada, Mexicali y Rosarito

Este fin de semana perdió la vida el propietario de un establecimiento denominado Saldos Max ubicado en la colonia Tomás Aquino y aunque por el momento no hay una hipótesis sólida sobre el caso, la opinión generalizada en redes sociales es que se trató de un caso de cobro de piso, al cual ya nos hemos referido.
No parece coincidencia que apenas unas horas antes, la noche del 1 de agosto, un hombre perdió la vida y otro resultó lesionado en la colonia El Dorado durante el ataque a una tienda de venta de artículos denominadas smoke shop, las cuales cuentan con permiso para la distribución de sustancias derivadas de la mariguana, un mercado que por lo visto, las agrupaciones criminales no quieren ceder.
Esta modalidad delictiva sigue resultando sumamente redituable y como lo referimos con anterioridad, será difícil que la Fiscalía registre denuncias pues los establecimientos comerciales no pueden moverse de sitio y tanto local como propietarios y hasta empleados están en riesgo.
Precisamente este lunes, en el marco de la presentación de la Estrategia Estatal contra la Extorsión en Baja California, la fiscal María Elena Andrade pidió un voto de confianza y humildad para que los ciudadanos denuncien pues admitió que tienen miedo.
Precisó que los giros afectados han sido casas de cambio, restaurantes de mariscos, yonkes, comerciantes de la central de abastos, talleres mecánicos y otros.
Aunque la cifra negra es considerable, hay 111 denuncias en total, generadas de enero a julio en Tijuana, Ensenada, Mexicali y Rosarito, y durante esta actividad fue revelado que hay funcionarios municipales del gobierno de Norma Bustamante han sido implicados en extorsiones a productores del valle de Mexicali.
Otro punto relevante es que las extorsiones no se generan al interior de los penales de Baja California, y que según datos son pocos los agentes estatales implicados en el cobro de piso, pero sí son trabajo de grupos criminales que recorren nuestras ciudades en busca de giros a los cuales exigirles cantidades de dinero que muchas veces superan sus ingresos.