Una polémica colonia se está convirtiendo en un rompecabezas difícil de resolver para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que la justicia rechazara este lunes aplazar su demolición, mientras parte de su gobierno se rebeló contra él para salvarla.
El Tribunal Supremo rechazó este lunes una solicitud del gobierno para aplazar varios meses la demolición de la colonia de Amona, en la Cisjordania ocupada, y mantuvo el 25 de diciembre como fecha límite.
Amona tendrá que desaparecer antes del 25 de diciembre de 2016, mantuvo la corte, como ya lo había decretado en diciembre de 2014. Después de varios informes, el tribunal reiteró al gobierno que no podía actuar por su lado y que las decisiones de la corte no eran “una recomendación o una opción”.
Amona, con sus casi 300 habitantes, se ha convertido en el centro de una feroz batalla política y está poniendo a prueba la cohesión del gobierno. Una parte del gobierno decidió oponerse al primer ministro para mantener la colonia allí donde se instaló en los años ’90.
El destino de este asentamiento, situado no lejos de Ramala, es observado de cerca por la comunidad internacional.
La comunidad internacional considera todas las colonias, es decir, las implantaciones civiles israelíes en los territorios ocupados, ilegales. Israel rechaza esta posición para la mayoría de sus colonias, donde viven unos 400.000 israelíes.
Amona es uno de los llamados “asentamientos salvajes”, que incluso Israel considera ilegal, según las leyes que las autoridades israelíes aplican en Cisjordania.
Desde hace meses, el importante ‘lobby’ de la colonización lucha para salvar la polémica colonia. Dentro del gobierno, los ministros del partido nacionalista y religioso Hogar Judío son los que lideran el combate.
