Nicaragua usó “armas de guerra” para matar a manifestantes

Según una investigación de Amnistía Internacional, se han utilizado armas de guerra para matar y herir indiscriminadamente a manifestantes antigubernamentales en Nicaragua, como parte de la represión violenta en curso ordenada por los altos niveles del gobierno.

Al menos 322 personas murieron y otras 2.000 resultaron heridas, en su mayoría por la policía y grupos paramilitares gubernamentales, desde que comenzaron las manifestaciones sobre las reformas del sistema de seguridad social en abril.

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Los manifestantes han sido arbitrariamente arrestados, torturados y al menos 300 procesados, muchos de ellos por cargos de terrorismo. Al menos un periodista ha sido asesinado y varios reporteros extranjeros han sido deportados.

El nuevo informe de Amnistía, Inculcando el terror, documenta las violaciones de derechos humanos cometidas entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre de 2018 que cree que se llevaron a cabo con conocimiento y por orden de las más altas autoridades gubernamentales, incluido el presidente Daniel Ortega y su esposa, Vicepresidente Rosario Murillo.

Ortega fue una vez celebrado como un líder guerrillero de izquierda que ayudó a ganar la revolución sandinista. Según la constitución nicaragüense, el presidente del país es el comandante en jefe de la policía nacional, y Ortega controla directamente la fuerza.

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La represión patrocinada por el estado, llevada a cabo bajo el nombre de “Operación de Limpieza”, ha incluido operaciones bien planificadas con armas letales de grado militar contra civiles, principalmente desarmados. Amnistía documentó el uso generalizado de rifles tipo AK por parte de la policía y escuadrones armados a favor del gobierno, así como rifles de francotirador, ametralladoras e incluso lanzagranadas de granadas propulsadas con cohetes antitanques portátiles. Incluido el ruso RPG-7 fabricado.

Según Amnistía, una minoría de manifestantes antigubernamentales han usado morteros y armas de fuego caseros, pero el uso generalizado de la fuerza letal ha sido desproporcionado y en su mayoría indiscriminado.

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Con información de The Guardian