El gobierno municipal de Jorge Astiazarán niega información a Primer Sistema de Noticias sobre la falta de revisión que los inspectores de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, deben efectuar a los estacionamientos públicos que se deslindan de su responsabilidad en caso de robo total, lo cual contraviene el artículo 21 del Reglamento de Estacionamientos, pero los inspectores a quienes corresponde dicha revisión son omisos en el tema, no obstante que es de su competencia.
Roberto Sánchez, secretario de Desarrollo Urbano, explica que corresponde a su dependencia la verificación para expedir la autorización de operación, pero es competencia de los inspectores de Verificación el revisar que cumplan con lo establecido en el reglamento.
“Nosotros en la Secretaría a través de Desarrollo Urbano les otorgamos el permiso de operación…Ya una vez que otorgamos el permiso de operación ya le toca la supervisión a Tesorería y que a través de inspección y verificación les toca revisar lo que tengan actualizado su permiso de operación” dice.
Por ignorancia, ineptitud, encubrimiento o todo a la vez, empleados de la Dirección de Comunicación Social han recomendado investigar el tema con la Procuraduría Federal del Consumidor, no obstante que el artículo 26 del Reglamento de Estacionamientos precisa que toca a los inspectores de Verificación municipal, constatar que estos establecimientos cumplan con la obligación de contar con un seguro que ampare el robo total.
Julio Felipe García, delegado de Profeco, explica que a la dependencia que él dirige, verifica si estos establecimientos cumplen con la publicidad exhibida, en torno a la contratación de seguro que ampare el robo total de un vehículo.
Bajo la gestión de José Antonio Olivas Heredia, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal ha sido señalada por su alto nivel de corruptelas, y fue durante la administración de Jorge Astiazarán que el ambulantaje creció hasta en puntos como la Zona Río y otros, y por autorizar cada puesto, se cobran entre 3 mil y 5 mil dólares.
Victor Clark, director del Centro Binacional Derechos Humanos, explica que “Regulación ha sido histórica y tradicionalmente una oficina para obtener ingresos a través del cobro de cuotas para permitir o ser permisivos no solamente ambulantes.
“Con esta administración, Regulación siguió cumpliendo con el mismo rol y su papel es de una oficina recaudatoria de recursos ilegales; su función es regular la venta ambulante porque también tiene otras actividades pero yo sé a través de vendedores ambulantes, que los recursos van a dar a las campañas políticas”.
Por lo que toca a la Dirección de Comunicación, esta dependencia es clave ya que aunque no tiene un contacto directo con los ciudadanos, destina millones de pesos en presupuestos de publicidad para los medios afines. En las últimas administraciones, ha sido encabezada por drogadictos, marihuanos que milagrosamente han librado los exámenes antidoping, cocainómanos y hasta pederastas.
Lic. Juan Arturo Salinas
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