Nueva campaña de intimidación contra Aristegui

CIUDAD D EMÉXICO (proceso).- El lunes 21 dos publicaciones del Grupo Notmusa divulgaron fotos y documentos del expediente arraigado en la Fiscalía Desconcentrada de la Delegación Álvaro Obregón y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que informan sobre el allanamiento y robo a las oficinas del portal informativo Aristegui Noticias.

La irrupción ocurrió el domingo 13, entre las 15:00 y las 17:00 horas, pero fue la “filtración” la que prendió los focos rojos en los medios de comunicación, en el propio equipo de la comunicadora Carmen Aristegui y en Los Pinos.

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De acuerdo con información obtenida por este reportero, el miércoles 23 miembros del staff de la Presidencia de la República tuvieron una reunión de última hora para discutir la posición que debía adoptar el gobierno federal frente a este nuevo episodio de violencia contra Aristegui.

Hubo quien propuso que el presidente Enrique Peña Nieto condenara estos hechos y todos los agravios a periodistas en México, pero ganó la posición contraria, de que se abstuviera de intervenir, con el argumento de que el mandatario no debe inmiscuirse en “asuntos privados”. Así ocurrió también cuando estalló el conflicto entre la comunicadora y el Grupo MVS.

Ante la violación de la secrecía de una investigación en curso y en manos de la procuraduría capitalina, Aristegui decidió difundir en su propio portal la información del robo, así como las imágenes captadas por las nueve cámaras de seguridad que grabaron a los cinco sujetos que participaron en el allanamiento y nunca cubrieron sus rostros, como si se sintieran impunes.

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La “filtración” recordó a varios especialistas lo ocurrido tras el multihomicidio del 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México. La procuraduría capitalina violó también la secrecía y la información privada de las víctimas, incluyendo la de cuatro mujeres asesinadas y el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, colaborador de Proceso, para orientar los crímenes a asuntos privados y no a las amenazas previas recibidas de parte de las autoridades de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) destacó en un comunicado que “un asalto o allanamiento ilícito a un medio de comunicación sólo puede explicarse como un intento por obtener materiales informativos e intimidar el libre ejercicio de la libertad de expresión por ciertas temáticas incómodas o que comprometen la actuación de las autoridades, personajes públicos o privados”.

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Guerra sucia y asalto
Los delitos ocurrieron horas antes de que la periodista denunciara que “México no llegará a ser una verdadera democracia si censuran o matan a periodistas y no pasa nada”, durante la recepción del Premio Knight de Periodismo Internacional 2016 del International Center For Journalism en Estados Unidos.
Días antes se intensificaron ataques y rumores en algunos sitios digitales que se especializan en divulgar “información sucia”, como es el caso de cuando24.com, que publicó el viernes 11 esta mentira: “¡Última hora! Militares ingresaron a la fuerza en casa de Carmen Aristegui por órdenes del gobierno. ¡Destrozaron todo!”.
También en cuentas apócrifas o en bots (robots) de Twitter y en Facebook se divulgó el miércoles 16, tres días después del asalto, una campaña de desprestigio y de amenazas con el ¬hashtag #LosSecretosDeAristegui, divulgando supuestos contratos y vínculos de la periodista con Carlos Slim.
Las publicaciones fueron enviadas, en su mayoría, por cuentas falsas como @LeHolker2, que emitió 222 tuits contra Aristegui en sólo dos días.
El mismo día de la “filtración” de la información sobre el asalto, se publicó en una cuenta falsa de Twitter @xElNoruegoxxx, una foto con un individuo que decía: “aquí tuiteando desde la computadora que le robé a @aristeguiccn”.
Según lo publicado en Aristegui Noticias, se desconoce “si la serie de hechos aquí narrados tiene relación alguna”. “Lo cierto es que ocurrieron de forma consecutiva en apenas una semana. Corresponde a las autoridades de justicia de la Ciudad de México esclarecer lo denunciado, así como las ampliaciones que pudieran presentarse”.
La organización Artículo 19 sostiene que “los ataques constantes en ¬Twitter y el reciente allanamiento a las oficinas de Aristegui Noticias buscan inhibir el periodismo crítico”.