BOGOTÁ (proceso).- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no sólo son la única guerrilla en el mundo que ha firmado dos acuerdos de paz en 59 días, sino también la más tercamente empeñada en dejar las armas e incorporarse a la vida civil, pese a todos los obstáculos que le ha puesto la extrema derecha para que concrete esos propósitos.
Y es que, según dice el senador Iván Cepeda, en Colombia la extrema derecha no es una abstracción ideológica. Es un entramado en el que confluyen latifundistas, empresarios, caciques políticos vinculados a las mafias regionales y un nuevo tipo de paramilitarismo que está agazapado en la delincuencia organizada y tiene mucho poder de fuego.
Para Cepeda, esos intereses defienden el statu quo de la guerra y tienen en el expresidente Álvaro Uribe y en los dirigentes de su partido, el Centro Democrático, a sus voceros políticos.
“En este país tenemos muchos señores de la guerra cuyos intereses se mezclan particularmente en las regiones”, asegura el congresista del izquierdista Polo Democrático y facilitador clave de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Uribe y sus aliados encabezaron la campaña por el “No” al acuerdo de paz firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante en jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko.
El 2 de octubre ese pacto fue derrotado por un estrecho margen, de menos de medio punto porcentual, en un plebiscito.
Pero el pasado jueves 24, sólo 53 días después de esa derrota, Santos y Timochenko firmaron un nuevo acuerdo que incorporó varias de las propuestas de los promotores del “No”.
Esta semana, a partir del martes 29, ese texto será refrendado por el Congreso, donde la coalición política del presidente tiene mayoría.
Santos y las FARC decidieron no arriesgarse a someter el nuevo acuerdo a otro plebiscito. No sólo porque puede volver a ser derrotado, sino también porque organizar esa consulta llevaría varios meses.
Uribe, sin embargo, anunció horas después de la firma del nuevo acuerdo que hará lo que esté a su alcance para impedir que sea refrendado e implementado por el Congreso.
El hoy senador quiere un nuevo ple¬biscito, lo que el gobierno ya descartó, y amenaza con convocar a un referendo mediante la recolección de firmas para impedir la implementación de los puntos más controvertidos: las penas alternativas para los jefes de las FARC responsables de delitos graves, y el derecho de éstos a participar en política.
Todo indica que, al igual que el derrotado pacto original con las FARC, suscrito ante una decena de jefes de Estado y 2 mil 500 invitados vestidos de blanco, este nuevo acuerdo –firmado en una breve y austera ceremonia en un pequeño teatro del centro de esta capital– está destinado a recorrer un camino plagado de escollos políticos.¬
Esto, pese a que el nuevo texto tiene modificaciones importantes respecto al firmado en septiembre. De hecho, contiene precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 puntos objetados por Uribe, pastores de iglesias cristianas –cuya feligresía fue decisiva en el triunfo del “No” el 2 de octubre– y algunos dirigentes políticos, como el expresidente Andrés Pastrana y la excandidata presidencial conservadora Martha Lucía Ramírez.
Uribe, por el sometimiento
Pero los uribistas insisten en que los jefes de las FARC deben pagar con prisión efectiva los crímenes de lesa humanidad y quedar impedidos de ser elegibles a cargos de elección popular. También cuestionan el alcance de la mayoría de cambios que tiene el nuevo acuerdo.
“Lo que ocurre con el uribismo es que busca un sometimiento y una rendición de la guerrilla, no una negociación política para acabar un conflicto armado de más de medio siglo”, dice a Proceso el senador Iván Cepeda,
El legislador, quien estuvo en La Habana durante los nueve días que duró la renegociación del acuerdo de paz, dice que el nuevo texto “tiene todas las enmiendas posibles, pero conserva la esencia de lo que es una negociación de paz: la entrega de las armas de la guerrilla a cambio de que quienes se desmovilicen puedan hacer política en la legalidad”.
Ese, señala, es el fin último de cualquier proceso de paz en el mundo, que una insurgencia se transforme en partido político.
“Y si los jefes de las FARC, que son los que representan y cohesionan a las bases guerrilleras, van a la cárcel y se les prohíbe hacer política desde el principio, mientras cumplen las sanciones que les imponga la justicia especial, sería realmente muy difícil para esa organización convertirse en un partido”, asegura.
Para ellos, además, “es un tema de dignidad, de no entregar algo que les es imposible entregar”.
A partir de este martes 29 el Congreso realizará un debate de dos o tres días sobre el nuevo acuerdo.
En esas sesiones se escucharán las voces a favor y en contra, y se espera que entre el jueves 1 y el viernes 2 de diciembre los legisladores –mayoritariamente partidarios del pacto con las FARC– lo refrenden en una votación.
Durante la primera semana de diciembre, las tropas de las FARC comenzarían a concentrarse en 27 puntos del país donde una misión de la ONU verificará el cese bilateral del fuego e iniciaría la integración de los guerrilleros a la vida civil.
La entrega de armas de las FARC se iniciaría a principios de marzo de 2017 y deberá concluir en los primeros días de mayo, con lo cual esa guerrilla se transformaría en un partido político.
Es previsible que cuando el sábado 10 de diciembre el presidente Santos reciba el Premio Nobel de la Paz 2016 en el Palacio Municipal de Oslo, el nuevo acuerdo con las FARC esté no sólo ratificado por el Congreso, sino en plena aplicación a través de una serie de leyes que aprobará el Legislativo.
Uribe no tiene el poder para obstaculizar el nuevo acuerdo en el Congreso. Su partido tiene apenas 11% de las curules en la Cámara de Representantes y la quinta parte en el Senado.
Pero las acciones de “resistencia civil” y el “referendo ciudadano” anunciados por el exmandatario y senador serán, sin duda, un factor de perturbación política los próximos meses.
