TIJUANA, Baja California.- Un impuesto sobre la renta del 20 por ciento por inscripción de títulos de propiedad fue establecido por el gobierno de Baja California.
Especialistas en derecho expresaron su inconformidad ante esta medida por considerarla una violación al derecho a la vivienda. La medida no solo afectará a los ciudadanos que quieran adquirir una vivienda propia, sino también a los profesionales inmobiliarios quienes tendrán que modificar sus precios para obtener ganancias.
El coordinador del Consejo de Asociaciones Ciudadanas Independientes, Carlos Atilano Peña, informó sobre las medidas que planean tomar ante esta situación.
“Tenemos varias vías para pugnar en contra de esta determinación. Una es acudir con el juez que otorgó el título, pedirle una segunda orden y contra esta segunda orden ya no puede negarse el Registro Público. Otra es acudir con tribunales federales vía juicio de amparado porque hay una violación al derecho de vivienda digna, y también podemos acudir a la autoridad hacendaria para que nos de una constancia y el Registro Público proceda con su inscripción. Todo esto genera incertidumbre y lo que queremos es que sea más eficiente y rápido en beneficio de las familias”, comentó.
Fueron presentados 15 casos durante la exposición de todos los estratos sociales, desde casas de interés social hasta hogares que perdieron su dueño debido a la pandemia y sus nuevos propietarios requieren un título de propiedad.
Esta medida también impide que aquellos individuos que llegan a instalarse en asentamientos irregulares puedan regularizar sus predios al no contar con el dinero suficiente para la adquisición del título.
La presidenta del Instituto de Defensa Estratégica de los Derechos Humanos, Reyna Ramírez, señaló el mal manejo que el Registro Público de la Propiedad mostró al implementar este pago.
“El hacer eso implica coartar el derecho a la vivienda porque no le da certeza jurídica a una persona que quiera hacerse propietaria de un inmueble. Para que se pueda considerar cómo propietaria debe inscribirse ante el Registro Público de la Propiedad para que sea oponible para todas las personas. Así cualquier persona que quiera inscribir un gravamen, embargo o hipoteca pues ya estará ahí quien será el propietario. No precisamente que sea un contrato privado, lo que sí puede provocar una problemática a nivel estatal en el sentido que no le va a permitir a cualquiera que tenga grandes recursos económicos el acceso a esa inscripción”, comentó.
Las conversaciones con autoridades del Registro Público no han aclarado la situación en cuanto al marco legal de este nuevo impuesto y lo que significa para las personas que quieran adquirir una vivienda en Baja California.
Con información de Andrés Barba
