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Nuevo intento de desalojo en Baja del Mar

Aproximadamente 140 familias del fraccionamiento Baja del Mar se mantuvieron temerosos ante la posibilidad de ser desalojados por autoridades de Tijuana y Rosarito, pero tras acreditar que contaban con la toda la documentación requerida, fue que quedo suspendido dicho desalojo.

Al lugar llegaron la actuaria del juzgado primero civil de Tijuana, así como del del juzgado segundo civil de Rosarito, agentes de Policía de Rosarito, y operarios de unidades de transporte para carga pesada, sin embargo los residentes de la zona de más de 16 mil hectáreas, se opusieron al lanzamiento. En el lugar hay por lo menos 140 casas, habitadas en su mayoría por extranjeros.

El licenciado Rafael Gama Pérez, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Baja del Mar, señaló que está por concluir la diligencia iniciada el 6 de julio pasado, derivada de un exhorto hecho por el juez primero civil de Tijuana al juez de Rosarito, a efecto de cumplir una centencia dictada en 1984.

Indicó que “la diligencia iniciada en julio fue interrumpida porque el solicitante de nombre Julio Antonio Ochoa Zepeda fue detenido por policias ministeriales en ejecución de una orden de aprehensión por el delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad y sólo se esta dando continuidad a dicha diligencia, ya que la ley mandata que toda diligencia debe concluir en todas sus fases, esta no concluye con el lanzamiento como lo habia solicitado el interesado porque durante dicho proceso se han exhibido al actuario documentos que demuestran que el anterior propietario vendió, cobró y reconoció el fideicomiso.

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Gama Pérez dijo que en 1984, Julio Antonio Ochoa adquirió derechos dentro de un juicio hipotecario en el cual se tenia dado en garantía un predio que forma parte de Baja del Mar, al continuar el juicio y no haberle pagado su crédito, termino adjudicandosele la propiedad sobre dicha fracción de terreno. Durante 1987 se materializo y le dieron la escritura, pero para 1989 vendió sus derechos, mismos que están documentados no solo en un contrato, sino que también ratificado ante autoridades judiciales, donde reconoce haber vendido y cobrado, por tal motivo legalmente no es posible que reclame algo que no le pertenece.

En 1990, se constituyó un fideicomiso que cubre y regulariza todo el desarrollo habitacional, mismo al que asistió a comparecer a la firma de la escritura. Posteriormente en 2003, ratificó y reconoció el fideicomiso en una comparecencia ante el notario 10 en la ciudad de Tijuana. “Lo cierto, es que ya se ha demostrado en juicio que no tiene ningún derecho de lo que ahora reclama”, dijo Gama Pérez.

Todo parece indicar que jurídicamente ya no pudiera darse un desalojo, toda vez que al juez solicitante se le han entregado todos los documentos para dar por satisfecho el cumplimiento de la sentencia de 1984, además de los que acreditan que el carece de derechos al vender.

En el desarrollo residencial Baja del Mar, viven aproximadamente 140 familias, de las cuales 60 son residentes permanentes. Además de que el 60% de los propietarios son extranjeros, y el 40% mexicanos, estos pagaron la cantidad de 300 mil dólares por el inmueble y con ello se acredita su legal estancia.

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