No es la primera vez que lo hace: con ofertas de empleo, dinero y hasta escoltas para brindar “protección”, el secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa, desactiva la segunda marcha contra los abusos de la Policía Estatal Preventiva que se llevará a cabo este viernes 18 de noviembre.
Ya con anteroridad, De la Rosa Anaya ha ofrecido generosas cantidades a algunas publicaciones, y ha enviado “gordos sobres” con efectivo, para acallar las críticas. ¿Cuales? Fácil: léalos. En aquellas en que encuentre el silencio sobre los abusos de la PEP, esas son.
Si bien la marcha no se cancelará -una medida que haría quedar mal a sus promotores-, sí se busca desestimular la participación ciudadana y si en la primer manifestación celebrada el pasado 5 de agosto se convocó a un centenar de bajacalifornianos, esta vez la cifra podría ser mucho menor.
El pasado 5 de agosto, un centenar de ciudadanos marcharon para denunciar los abusos, la tortura, las violaciones sexuales y la siembra de droga que elementos de la Policía Estatal Preventiva llevan a cabo en contra de los bajacalifornianos.
Durante la manifestación efectuada a las afueras de las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, los manifestantes reprobaron la forma en que los oficiales de esta corporación realizan sus detenciones, y denunciaron que revisan los teléfonos celulares de los detenidos, una medida que está prohibida de acuerdo al propio secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel de la Rosa Anaya.
En esa ocasión, un centenar de hombres y mujeres protestaron en Tijuana para exigirle al gobernador Francisco Vega que cesen las prácticas de tortura, de abuso policiaco, secuestro y el allanamiento de morada porque perjudican a los habitantes de colonias populares.
Los manifestantes señalaron como responsables también de violaciones y extorsión a los agentes de diversas corporaciones policiales que actúan en la entidad, en particular de la Policía Estatal Preventiva, cuyos integrantes se han visto involucrados en delitos de homicidio, secuestro, tortura y abusos policiacos desde su surgimiento hace tres lustros.
En casos extremos, dijeron, los cargan con droga y en fechas recientes, se dio a conocer el caso de una mujer a quien estos policías violaron y videograbaron este abuso sexual.
Para esta segunda marcha, y considerando que el 40% de las denuncias por abuso de autoridad son contra la Policía Estatal Preventiva, encabezando las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se tiene previsto que este 18 de noviembre se lleve a cabo la segunda marcha contra el abuso policiaco, dijo Vianey Parra, representante de Asistencia Legal en Defensa de tus Derechos, quien precisó que son 50 las denuncias que actualmente el organismo que representa atiende.
Tras estos anuncios, Vianey Parra fue blanco de amenazas el pasado lunes de noviembre, cuando dos sujetos a bordo de un vehículo sedán blanco dejaron sobre el cofre de su auto una corona fúnebre con su nombre y le enviaron mensajes de texto para amenazarla si seguía adelante con su marcha.
En entrevista celebrada el pasado 24 de octubre, la abogada aseveró que había sido contactada por mandos de la Secretaría de Seguridad Pública para hacerle ofrecimientos de cargos públicos y otras ofertas a fin de desistir de la manifestación.
