CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones civiles denunciaron la exclusión de campesinos e indígenas en la discusión de una reforma a la ley forestal y la pretensión de aprobar una iniciativa del PVEM que desconoce los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.
En un comunicado, la Unión Estatal de Silvicultores de Oaxaca, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) exigieron abrir un proceso de discusión pública sobre dicha reforma, en la que se incluya la participación de “comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que pudiera ocasionarles”.
De acuerdo a las organizaciones, la iniciativa de reforma a la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por diputados del PVEM el pasado 20 de septiembre, “no recoge las preocupaciones de comunidades, productores, prestadores técnicos forestales y representantes de la sociedad civil”.
Dicha iniciativa “no contempla los temas más relevantes para propiciar un verdadero desarrollo forestal con un enfoque central en el manejo forestal comunitario, al tiempo de garantizar la conservación de los recursos forestales”.
Los inconformes explicaron que la iniciativa del PVEM pretende ser aprobada en el primer periodo de sesiones de este año “sin un debido proceso de consulta”. De ahí que el sector forestal exigió iniciar “un proceso abierto y participativo de revisión y discusión de los contenidos” de la propuesta legislativa.
De acuerdo a las organizaciones, la iniciativa de dicho partido político tiene un “enfoque que deja de lado la prioridad del fomento al manejo forestal sustentable en manos de las comunidades” y es regresiva “en materia de derechos indígenas y campesinos relativos a los servicios ambientales”.
En su opinión, no considera las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad, y no toma en cuenta las propuestas formuladas por el Consejo Nacional Forestal (CONAF), entregadas el 27 de octubre del año pasado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Las propuestas del CONAF se discutieron durante la pasada legislatura a fin de concretar una iniciativa que nunca se dictaminó, pero que entre los puntos relevantes alentaba hacia “una mejora regulatoria; promoción de la legalidad y transparencia; promoción de la competitividad, arquitectura institucional; descentralización y mejora de los servicios técnicos”, elementos que no contiene la propuesta del PVEM y que, por el contrario, “tiene escaso sentido y resulta contraproducente”.
Al señalar que en diversas ocasiones solicitaron sin éxito a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados “un proceso incluyente y presentar propuestas concretas para el fortalecimiento de reforma de ley”, las organizaciones consideraron “necesario y urgente hacer una reforma integral a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”.
La actual legislación, explicaron, “contribuye al estancamiento del sector por los altos costos de transacción y la ilegalidad en el mercado de la madera”. De ahí que “los contenidos de esta reforma deben provenir de una discusión abierta e incluyente en la que participen las comunidades forestales y demás sectores relacionados con el cuidado de los bosques”.
Tras advertir que 12 millones de personas viven de los bosques y que las comunidades y ejidos rurales poseen 70% de los recursos forestales, las organizaciones insistieron en que deben ser tomadas en cuenta; más aún, cuando viven en condiciones de pobreza y marginación.
Po último, entregaron un pronunciamiento a los legisladores en el que llaman a abrir la discusión sobre la reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
