LEÓN, Gto., (apro).- Guanajuato es el tercer estado del país con más denuncias de niñas y adolescentes desaparecidas, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Ante esta situación, el Centro de promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, (NIMA) dijo que es necesario establecer una mesa de diálogo “al más alto nivel” para atender el problema e implementar políticas públicas específicas para garantizar derechos de los menores.
Y es que, la Redim reportó 263 denuncias por desapariciones de niñas y adolescentes en la entidad, cuya población femenina menor de 18 años representa casi 20% del total.
En un pronunciamiento presentado hoy, a propósito del Día Internacional de la Mujer, la organización con sede en León –el municipio con mayor población infantil del país según NIMA– exhortó a las autoridades estatales y municipales a diseñar un programa para atender contextos como el de la violencia sexual contra las niñas y adolescentes en las escuelas.
También planteó establecer políticas públicas que garanticen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, particularmente de niñas en condiciones de exclusión social o en polígonos de pobreza o en condición de migración.
NIMA presentó varias estadísticas de contexto sobre la situación de niñas y adolescentes en Guanajuato, donde más de un millón 100 mil habitantes son mujeres menores de 18 años. De esta cifra, alrededor de 265 mil viven en León, ciudad donde más de cien mil niñas menores de 14 años habitan en alguno de los polígonos de pobreza determinados por el Instituto de planeación municipal, (IMPLAN).
La organización no gubernamental reveló también en este diagnóstico que tres de cada 10 niñas leonesas en edad de preescolar no asisten a la escuela, mientras que cuatro de cada 10 adolescentes no asisten a la preparatoria.
Además, detectó que la mortalidad infantil es casi el doble en niñas menores de cinco años que en niños de ese mismo rango de edad.
Según su estudio, en León por lo menos 60 niñas trabajan en situación de calle, además de que ocho de cada 10 menores indígenas urbanos deben estudiar y trabajar, tanto en espacios domésticos como en la vía pública, lo que dificulta su permanencia en clases y los expone a diversos riesgos.
La ONG destacó la falta de garantías de no repetición del acoso escolar o la violencia sexual en los planteles educativos. Entre enero del 2014 y mayo del 2016 –poco más de dos años–, en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos se iniciaron 215 expedientes de queja relacionados con violencia en el entorno escolar. De éstos, 26 se relacionaron con violencia sexual de la que fueron víctimas niñas y adolescentes.
Por último, resaltó que “es necesario seguir luchando y exigiendo mejores condiciones de vida para las mujeres… reconocer que los derechos humanos de las mujeres incluyen los de las niñas y los de las adolescentes, lo que debe reflejarse en todas las políticas públicas de manera transversal”.
