La ONU ha exigido que China libere inmediatamente a prominentes activistas de derechos humanos y les pague una indemnización, de acuerdo con un documento inédito.
El informe, que no se ha hecho público, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que se violaron sus derechos y califica las leyes de China como incompatibles con las normas internacionales.
El líder de la iglesia cristiana Hu Shigen y los abogados Zhou Shifeng y Xie Yang fueron detenidos y juzgados como parte de una represión nacional sin precedentes contra abogados y activistas de derechos humanos que comenzó en julio de 2015. La operación vio a casi 250 personas detenidas y interrogadas por la policía.
Hu fue encarcelado durante siete años y medio y Zhou fue condenado a siete años por cargos de subversión, mientras que Xie está a la espera de un veredicto.
“El remedio apropiado sería liberar a Hu Shigen, Zhou Shifeng y Xie Yang de inmediato, y otorgarles un derecho exigible a indemnización y otras reparaciones”, dijo el informe de la ONU, y agregó que China debería tomar medidas en un plazo de seis meses.
El grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria, que revisó el caso, rechazó las afirmaciones del gobierno chino de que los tres hombres confesaron voluntariamente sus crímenes en sus juicios y dijeron que sus detenciones fueron “hechas en total o parcialmente por incumplimiento de las normas internacionales relacionadas con el derecho a un juicio justo “.
El grupo es un panel de cinco expertos que cae bajo el consejo de derechos humanos de la ONU, del cual China es miembro. Si bien sus sentencias no son jurídicamente vinculantes, investiga las denuncias de violaciones de derechos y sugiere remedios.
China prometió cooperar con el grupo cuando se postuló para un puesto en el consejo de derechos humanos en agosto de 2016, cuando también se comprometió a hacer “esfuerzos incansables” para promover los derechos humanos.
El informe del grupo sobre los activistas chinos dijo que el trío fue sometido a una serie de violaciones de los derechos humanos, incluido el denegado el acceso a un abogado, su detención en régimen de incomunicación y que sus familias “no fueron informados de su paradero durante varios meses”.
Con información de The Guardian
