CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados federales de oposición exigieron revisar la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y cuestionaron el trato del Gobierno Federal hacia los trabajadores jubilados, luego de que una resolución judicial permitiera al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recuperar el acceso a tres pensiones que representan alrededor de 1.5 millones de pesos anuales.
El reclamo de legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional (PAN) se centra en lo que consideran un trato desigual, debido a que el exmandatario podrá recibir nuevamente sus prestaciones, mientras miles de jubilados del sector público enfrentan ajustes y recortes derivados de la reforma contra las llamadas pensiones doradas.
Los diputados también señalaron las restricciones que enfrentan trabajadores que buscan incrementar el monto de su retiro mediante la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mecanismo que permite continuar realizando aportaciones voluntarias para mejorar la pensión.
La reactivación de los pagos a Rocha Moya deriva de una suspensión provisional concedida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La resolución instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberar parcialmente dos cuentas bancarias vinculadas con los depósitos de sus pensiones.
Los recursos corresponden a prestaciones del IMSS, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). La medida permite disponer de esos ingresos, pero no representa el desbloqueo total de su patrimonio.
Desde la oposición, los legisladores cuestionaron los criterios utilizados por Hacienda para ordenar el congelamiento de las cuentas y señalaron la necesidad de revisar el sustento jurídico de las medidas financieras aplicadas al exgobernador.
El caso abrió nuevamente el debate sobre la aplicación de las reformas al sistema de pensiones, la protección de los derechos adquiridos por los jubilados y los criterios que utilizan las autoridades para restringir o liberar recursos financieros.
Hasta el momento, el reclamo legislativo se mantiene enfocado en exigir explicaciones sobre la actuación de las autoridades hacendarias y la diferencia de condiciones entre el caso de Rocha Moya y los trabajadores que enfrentan modificaciones en sus ingresos por jubilación.
