LEÓN, Gto., (apro).- El gobierno municipal local deberá indemnizar, disculparse públicamente y garantizar la no repetición a tres adolescentes menores de edad que sufrieron abusos sexuales por parte de cuatro policías preventivos en dos hechos distintos ocurridos en febrero pasado, además de revisar los procesos de selección de los elementos y capacitarlos con un programa de género, según una recomendación emitida hoy por la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH).
El 22 de febrero, Apro dio a conocer que los agentes municipales Pablo Torres García y Eulises Santiago Martínez detuvieron a dos menores de 12 y 14 años que habían salido de una fiesta y se dirigían a su casa y, con el pretexto de que las llevarían a los separos, uno de ellos las obligó a cometer actos sexuales mientras el otro vigilaba y observaba, al llevarlas a un terreno baldío en la colonia Brisas del Carmen.
Los dos preventivos fueron detenidos luego de que la madre de las menores fue enterada de lo ocurrido y pidiera ayuda a la misma Policía Municipal. Ambos fueron ubicados e identificados por las víctimas cuando todavía se encontraban de turno, y son procesados bajo la causa 51/2016-A radicada en el Juzgado Octavo Penal del Partido Judicial de León.
Por este asunto, la Procuraduría de Derechos Humanos inició el expediente de queja 49/16-A, mismo que ha derivado en una recomendación que también plantea incluir a las menores en el registro estatal de víctimas para que reciban el apoyo correspondiente y que el municipio se encargue de que ambas reciban el tratamiento psicológico adecuado y a cargo de profesionistas especializados en violencia.
“Para la PDHEG queda probado que incurrieron en una grave violación a los derechos humanos de las dos menores de edad, ya que lejos de cumplir con su obligación de garantizar con su actuar la seguridad de las mismas, incurrieron en actos que violentaron su integridad física y emocional, pues ha quedado evidenciado que vulneraron la libertad sexual y la dignidad de las niñas”, advierte la recomendación.
Sin embargo, en la notificación hecha hoy por la PEDH se incluye otro caso de una adolescente que sufrió abuso sexual en circunstancias similares, por parte de los policías José Ventura Valtierra e Ismael Méndez Noriega.
Según el expediente de queja 51/16-A iniciado el 23 de febrero, los dos uniformados municipales “violentaron a una menor de edad al ser interceptada en el boulevard Vasco de Quiroga cuando regresaba a casa en compañía de dos amigas”.
Al acercarse a su domicilio, la menor se separó de sus acompañantes y, al cruzar un terreno baldío, los agentes a bordo de la patrulla 535 la subieron a la unidad; uno de ellos la forzó a sostener relaciones sexuales mientras el otro vigilaba.
La recomendación indica que “a partir de los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas, así como de los datos recabados de las entrevistas realizadas, se informa que la menor agredida presenta síntomas que sugieren una afectación emocional en la misma, los cuales se relacionan con hechos de tipo sexual”.
Por lo anterior, el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera exhortó al alcalde panista Héctor López Santillana a que su gobierno se haga cargo de la atención psicológica especializada para las víctimas hasta que logren su total sanación psíquica y emocional, “atendiendo a su edad y sus especificidades de género”, así como de indemnizar a las ofendidas “como forma de reparación del daño material y moral, por la grave violación sufrida a sus derechos humanos”, en consenso con las mismas y garantizando la confidencialidad del acuerdo.
“Se recomienda realizar todas aquellas gestiones que resulten necesarias con el propósito de fortalecer el proceso de análisis de los perfiles de ingreso y permanencia de los miembros de la Dirección de Policía Municipal de León, Guanajuato, y garantizar así el leal desempeño de sus funciones”, indica el documento.
Además, la PEDH recomendó al ayuntamiento leonés diseñar un programa de derechos de las mujeres que contenga una estrategia eficaz para garantizar su respeto, incorporar la perspectiva de género, así como una campaña publicitaria de prevención y erradicación de la violencia y la capacitación inmediata a los integrantes de los cuerpos de policía para garantizar que estos abusos no se repitan, evaluando a los elementos para corroborar los resultados de la capacitación.
Durante un año, toda la documentación oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal deberá contener la frase: “La violencia contra las mujeres es un delito y una grave violación a derechos humanos”.
