TIJUANA, Baja California.- El gobernador Jaime Bonilla envió al Congreso de Baja California una iniciativa para crear la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, la cual tiene como objetivo acabar con los años de corrupción que dejaron los gobiernos panistas en las comisiones estatales de servicios públicos de cada uno de los cinco municipios y no la privatización del agua, como lo han manejando ciertos personajes, explicó el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
El funcionario aseguró que la nueva secretaría busca armonizar y regular todos los organismos del agua que por años permitieron fraudes millonarios, como fue el caso de la Cespt.
Indicó que desde el inicio de la actual administración han logrado que grandes empresas comiencen a pagar por el servicio, recuperando más de mil millones de pesos.
“Se ha dado cuenta de esto Jaime Bonilla y viene impulsando una nueva política de cero impunidad. Solamente en dos o tres semanas ha recuperado 200 millones de pesos. Hay una lista de 950 personas y empresas que en su conjunto son más de mil 100 millones de pesos. Se ha mal interpretado y más bien de mala fe de unos grupos que han querido ver en esta iniciativa de crear la Secretaría del Agua, algún intento totalmente equivocado y tramposo de que se quiere privatizar el agua en Baja California, nada más alejado de la verdad”, dijo.
Durante los 30 años que el gobierno panista operó en el estado permitió que ciertos empresarios tijuanenses tuvieran el privilegio de no pagar un solo recibo del agua, dejándolos apropiarse de tomas clandestinas para que gozaran del servicio.
“Una enorme corrupción, los hombres más ricos de Tijuana, las empresas más importantes de Tijuana se habían conectado clandestinamente a las tomas de del agua. Tenían años conectados al agua que todos pagábamos y ellos no pagaban, pagaban por abajo, por un lado a funcionarios corruptos de las administraciones panistas”, dijo.
Rodríguez Lozano reiteró que el único propósito de la administración estatal es acabar con la corrupción que permitió que las comisiones actuaran de forma dispersa poniendo como ejemplo el costo de los medidores.
Dijo que mientras en Tijuana el aparato tenía un precio de 400 pesos, en Mexicali era vendido en 800 pesos.
Con información de: Carolina Vázquez
