WASHINGTON. Miles de inmigrantes con condenas penales, como por ataques e intento de asesinato, han sido liberados de la detención pues sus respectivos países de origen se negaron a recibirlos de vuelta, según estadísticas publicadas recientemente por el departamento de Seguridad Interna.
La imposibilidad de deportar delincuentes ha suscitado indignación entre los legisladores y defensores de leyes migratorias más estrictas, que aseguran que el gobierno podría presionar más a los países que no cooperan.
Pero el departamento se enfrenta a numerosos obstáculos. Está impedido legalmente de detener de manera indefinida a los inmigrantes que no puede repatriar. Y los países pobres suelen tener reticencias para recibir a criminales violentos pues tienen recursos limitados para tratarlos.
La liberación de tales inmigrantes en las ciudades estadounidenses es un aspecto particularmente cargado en el debate nacional sobre la inmigración. Donald Trump, el presunto candidato republicano a la presidencia, ha pintado una sombría imagen de los criminales inmigrantes que amenazan en las calles.
Más de cien de los inmigrantes liberados por el gobierno han sido acusados después de homicidio. Uno de los casos más recientes es el de Jean Jacques, inmigrante haitiano que el mes pasado fue sentenciado a 60 años de prisión por el asesinato de Casey Chadwick, mujer de 25 años de edad de Norwich, Connecticut.
Jean Jacques, que ya había cumplido una condena por intento de asesinato, fue liberado en 2012 después de que la agencia migratoria trató de deportarlo varias veces. Pero los funcionarios haitianos bloquearon el traslado pues, según dijeron, Jean Jacques no podía comprobar que fuera ciudadano.
Los registros publicados recientemente por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), dependencia responsable de las deportaciones, muestran que desde 2013 se ha puesto en libertad a más de 8,000 inmigrantes con condenas penales en Estados Unidos. Las cifras, solicitadas por el congreso, se refieren tanto a inmigrantes indocumentados como a algunos con carácter legal.
Los legisladores consideran que esta cuestión es una amenaza para la seguridad pública y dicen que es pasmoso que Haití y otros países hayan impedido las deportaciones.
“No hay razón de que vayamos de rodillas a rogarles”, declaró el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut. “No deberíamos conservar en el país a alguien que no solo está de forma ilegal sino que además es peligroso.”
Blumenthal piensa presentar un proyecto de ley para imponer sanciones a los países que se nieguen a recibir de regreso a sus ciudadanos.
A su vez, el senador Charles E. Grassley, republicano por Iowa, esta semana le envió una carta a Jeh Johnson, secretario de Seguridad Interna, para exhortarlo a presionar más a los países recalcitrantes. “Se están perdiendo vidas y esto no puede continuar así”, señaló Grassley.
Pero los funcionarios de inmigración dicen tener atadas las manos. En 2001, la Suprema Corte determinó que la garantía de proceso debido, consagrada en la quinta enmienda, le impide al gobierno detener indefinidamente a inmigrantes
solo por falta de un país dispuesto a recibirlo.
En los gobiernos de Bill Clinton y de George W. Bush se sostuvo que la ley migratoria autoriza _ y la constitución lo permite _ la detención indefinida de los inmigrantes que no pueden ser repatriados. Pero la corte dictaminó que, tras seis meses de detención y si la deportación no parece probable en el futuro cercano, el gobierno debe presentar razones especiales para mantener en custodia a alguien.
“El requisito de los seis meses hace muy difícil detener a estas personas”, declaró Johnson en una audiencia del comité judicial del Senado el jueves pasado.
Pero los expertos dicen que el gobierno federal tiene numerosas opciones para persuadir a los países para que reciban de regreso a sus ciudadanos. Las autoridades de inmigración pueden detener a los inmigrantes más tiempo si pueden demostrar que constituyen un peligro para la seguridad pública, como una amenaza de terrorismo, por ejemplo.
Y conforme a la ley, el departamento de Estado puede negarles visa a los ciudadanos de países que se rehúsen a repatriar a sus ciudadanos.
Sin embargo, un estudio realizado en 2004 por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno encontró que el departamento de Estado ha recurrido a esa opción solo una vez, en 2001 y en contra del país sudamericano de Guyana. El departamento de Estado, empero, no quiso especificar si ha negado visas por esa razón después de 2004.
Katherine M. Pfaff, vocera del departamento de Estado, aseguró que su dependencia colabora con el departamento de Seguridad Interna para tratar de resolver los problemas con los países en cada caso de inmigración.
Jon Feere, analista del Centro de Estudios Migratorios, que favorece reglas de inmigración más estrictas, aseguró que el departamento de Estado estaba poniendo la diplomacia por encima de la seguridad.
“La seguridad pública parece haber pasado a segundo plano para no perturbar nuestras relaciones con otros países”, afirmó. “Los gobiernos extranjeros no deberían estar a cargo de nuestras políticas migratorias.”
Según documentos de la Agencia de Inmigración y Aduanas, hay 23 países considerados que no cooperan para recibir de vuelta a sus ciudadanos. Entre ellos están China y otros aliados de importancia, como la India y Afganistán, así como varios países africanos con lazos estrechos con los Estados Unidos, como Ghana, Liberia y Sierra Leona.
Los países suelen negarse a recibir individuos marcados para deportación debido a falta de identificación debida, a problemas para confirmar la ciudadanía o por no llevar debidamente sus registros.
Zhu Haiquan, vocero de la embajada china en Washington, afirmó que su gobierno trata de colaborar con el departamento de Seguridad Interna en los casos de deportación, pero que las autoridades de Pekín primero deben de recibir pruebas de que la persona que va a ser deportada efectivamente es ciudadano chino.
“Nosotros nos apegamos al principio de que primero se verifica y después se deporta”, precisó.
La embajada haitiana en Washington no respondió a las preguntas sobre el caso de Jean Jacques, el hombre sentenciado en el caso de asesinato en Connecticut.
Ron Nixon
© The New York Times 2016
