MEXICALI, Baja California.- El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará ante el Congreso de la Unión una solicitud de separación del cargo y juicio político contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al argumentar presuntas irregularidades en su administración.
La dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, acompañada por diputados locales del partido, encabezados por Diego Echevarría, informó que la petición busca dar cauce legal a lo que calificó como una exigencia ciudadana relacionada con presunto abandono de funciones, actos de corrupción y violaciones al Estado de derecho.
Mata Lozano sostuvo que el PAN ha planteado previamente la posibilidad de que la gobernadora solicite licencia, pero afirmó que, ante la falta de respuesta, decidieron avanzar por la vía jurídica ante la Cámara de Diputados federal. Señaló que una reforma constitucional aprobada en Baja California en 2024 limita la posibilidad de iniciar un juicio político local contra la titular del Ejecutivo estatal.
Por su parte, el diputado Diego Echevarría señaló que la solicitud representa una responsabilidad política y jurídica de los legisladores. Explicó que, en caso de prosperar el procedimiento, entre las posibles sanciones se encuentran la separación del cargo y la inhabilitación, conforme al marco legal aplicable.
Entre los principales señalamientos realizados por el PAN se encuentran problemas relacionados con seguridad, suministro de agua, energía eléctrica, infraestructura y confianza en las instituciones. También cuestionaron la salida de funcionarios estatales para participar en procesos internos del partido gobernante, particularmente la reciente separación del secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, en medio de señalamientos sobre la situación sanitaria de Baja California.
Los representantes panistas afirmaron que la solicitud será formalizada ante el Congreso de la Unión y aseguraron que la acción busca atender lo que consideran una demanda ciudadana. El eventual juicio político deberá seguir las etapas y procedimientos establecidos por la legislación federal antes de determinar si existen elementos suficientes para avanzar contra la gobernadora.
