El secretario de un gobierno municipal falsamente morenista, y otros, se especializaron en convertir las tragedias en pingües negocios
La reciente declaratoria de emergencia que el XXV Ayuntamiento de Tijuana quiso aprobar, y que se encontró con la negativa del gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum, no era más que una intentona por hacer negocios.
Los panistas como Fufo Guerrero, hoy secretario de un gobierno municipal falsamente morenista, se especializaron en convertir las tragedias en pingües negocios -ya tenía muchas ganas de usar este término-, puesto que las compras eran aprobadas sin licitación ni necesidad de comprobar las adquisiciones.
Alimentos, personal, material médico -gel, cubrebocas y alcohol tan en boga tras la pandemia de covid-19-, elementos de limpieza hasta tiendas de campaña, todo se adquiere a precios exorbitantes y no hay necesidad de fiscalización de dichas compras pues precisamente se trata de atender una emergencia.
Precisamente porque se trata de una emergencia, hay manos libres para adquirir todo lo necesario para atender a una población en situación de desastre: ciclones, sismos, inundaciones, y ahora, deportaciones.
Es por ello, entre otros motivos de índole estrictamente política, que en Palacio Nacional Claudia Sheinbaum arqueó una ceja cuando se le preguntó sobre la declaratoria de emergencia que el cabildo de Tijuana se apresuró a aprobar al anuncio de las deportaciones del gobierno de Trump.
Políticamente hablando, la medida era apresurada, pero administrativamente hablando, era dejar la iglesia en manos de Lutero: los recursos que el gobierno de nuestra frontera requiriera, administrados por un panista con piel de Morena.
Los panistas, como Fufo Guerrero, saben que una declaratoria de esta naturaleza les representa la lleva abierta de los recursos públicos y que para comprobar las compras, solo basta presentar los documentos que las amparen.
Los panistas, como Fufo Guerrero, saben transitar caminos como el “facturagate”, ese en el que se vieron implicados los regidores de la alcaldía de Jesús González Reyes, en el que precisamente el hoy secretario general presentó facturas falsas al igual que otro edil, Enrique Méndez y otros, tal como lo publiqué en un reportaje del semanario Proceso en 2005:
El desvío de recursos federales del ramo 33 por parte del último gobierno municipal panista, no causó extrañeza en esta frontera, donde las irregularidades en materia de transporte, permisos de alcohol y el llamado caso “facturagate”, han sido la constante.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que recursos federales del ramo 33 fueron desviados por el gobierno municipal de Jesús González Reyes, para lo cual se incurrió en una serie de irregularidades.
La creación de empresas fantasma o el uso de facturas de compañías cuyos propietarios desconocieron las operaciones realizadas con la pasada administración local, han sido la constante desde que el PAN dejó el poder en la frontera El monto del desvío del ramo 33 asciende a más de cinco millones de pesos, suma que, en lugar de ser destinada a atender las necesidades más apremiantes de la población marginada, tuvieron un destino incierto Para justificar los gastos, se crearon empresas fantasmas y se incurrió en otras anomalías.
El coordinador del Consejo Ciudadano por la Transparencia y Contra la Corrupción, Alberto Capella, señaló que las irregularidades se documentaron en su oportunidad Capella documentó, en los últimos años, el caso denominado “facturagate”, mediante el cual regidores de la pasada administración comprobaron el gasto de sus fondos de ayuda social con facturas apócrifas, ya fuera de empresas inexistentes o de compañías que nunca les vendieron los artículos presuntamente comprobados.
El caso implicó a los regidores de todos los partidos políticos que integraron el cabildo, incluidos algunos de los actuales funcionarios, como Roberto Alcide Beltrones, hermano del diputado federal Manlio Fabio, y el edil perredista Roberto Dávalos Capella dijo que algunos exfuncionarios, como el exsíndico municipal, Martín Domínguez Chiu, presentaron facturas que amparan la compra de electrodomésticos, sin justificar plenamente su gasto.
La supuesta compra de electrodomésticos realizada por Domínguez Chiu asciende a 300 mil pesos, cantidad similar a la presentada por otros regidores panistas, como Arnulfo Guerrero, Enrique Méndez y otros.
Sin embargo, funcionarios del gobierno de González Reyes involucraron también a empresas como FEMCO Río de la familia Fimbres, propietaria de diversas compañías en la frontera, a las cuales se señala de no haber comprobado la entrega de paquetes de materiales destinados a familias de escasos recursos.
Ante ello, el empresario Gilberto Fimbres afirmó que ésta compañía ya ha sido auditada por la federación y que han aprobado todas las revisiones.
Fimbres dijo que la participación de FEMCO y otras empresas, pasa por una serie de requisitos, como la licitación, y que la contabilidad demuestra que no hay anomalías en el caso.”
Hoy la historia se repite, y los panistas como Fufo Guerrero lo saben
