TALLAHASSEE, Florida.- El gobernador Ron DeSantis promulgó un paquete de leyes que endurecen las políticas migratorias en el estado, alineándose con la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump. Una de las medidas más controvertidas es la imposición obligatoria de la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales, como asesinato en primer grado o violación de menores.
Penas más severas y cooperación con ICE
Además de las sanciones más estrictas, las nuevas leyes refuerzan la colaboración entre las agencias policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los alguaciles de Florida deberán inscribirse en programas federales que les permitan actuar como agentes migratorios, deteniendo a personas por su estatus migratorio. Asimismo, las cárceles locales estarán obligadas a retener a detenidos indocumentados más allá de las 48 horas actuales si ICE lo solicita.
Estas medidas también eliminan beneficios educativos para estudiantes indocumentados, como la matrícula estatal reducida en universidades públicas, y destinan cerca de 300 millones de dólares para contratar agentes especializados y mejorar el equipamiento en la aplicación de leyes migratorias.
Críticos de la legislación argumentan que algunas disposiciones podrían ser inconstitucionales y que estas políticas podrían infundir temor entre la población indocumentada, además de tener implicaciones económicas y sociales significativas para Florida.
Con estas acciones, Florida se posiciona a la vanguardia de los estados que implementan políticas migratorias más estrictas, reflejando un cambio significativo en su enfoque hacia la inmigración.
