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SANTIAGO, Chile – El descontento se ha estado acumulando durante años en Chile en torno a pensiones tan bajas que la mayoría de la gente sigue trabajando más allá de la edad del retiro. Durante todo ese tiempo, empresas administradas privadamente han cosechado enormes ganancias al invertir en los ahorros de los chilenos en el seguro social.
La ira estalló en julio, cuando los chilenos se enteraron de que la ex esposa de un líder del Partido Socialista estaba recibiendo una pensión mensual de casi 7,800 dólares tras retirarse del departamento carcelario de la policía. Esa cifra empequeñece la pensión mensual promedio de 315 dólares, que equivale incluso a menos que el salario mínimo mensual, de $384.
En un país de por sí vapuleado por corrupción política y corporativa generalizadas, esta fue la última gota.
Cientos de miles de personas marcharon a través de Santiago, la capital, y otras ciudades para protestar por el privatizado sistema de pensiones. Más de 1.3 millones de personas, con base en organizadores, se presentaron en agosto, la mayor manifestación desde el regreso de Chile al gobierno civil en 1990.
Uno de los manifestantes era Luis Montero, de 69 años de edad, cuya pensión mensual equivale a 150 dólares, aproximadamente. Como muchos chilenos, Montero ha trabajado principal en empleos informales sin contrato, con salarios demasiado magros para haber ahorrado suficiente para el retiro. Él sigue trabajando en el departamento de mantenimiento de una escuela para lograr llegar a final de mes.
“He trabajado durante toda mi vida, y me gustaría parar y descansar, pero no puedo hacerlo”, dijo Montero. “No tengo idea de qué haré cuando me haga mayor”.
En 1981 la dictadura del General Augusto Pinochet privatizó el viejo sistema de pensiones en el que se pagaba conforme usaba, en el cual contribuían en su totalidad trabajadores, empleadores y el gobierno.
Bajo el sistema privatizado, que el Presidente George W. Bush elogio como un ejemplo a seguir, los trabajadores deben pagar 10 por ciento de sus ingresos a cuentas operadas por empresas privadas conocidas como administradoras de fondos de pensión, o AFP. Las administradoras invierten el dinero y cobra a los trabajadores una comisión por transacciones u otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no hacen contribución alguna a las cuentas de los trabajadores.
A los chilenos se les dio la opción de mantener su viejo plan o cambiarse al nuevo sistema. La mayoría se cambió. Sin embargo, aquéllos que ingresaron a la fuerza laboral después de 1981tuvieron que invertir en el sistema privatizado. (Las fuerzas armadas y la policía estuvieron exentas del cambio y actualmente gozan de pensiones varias veces mayores que aquéllas disponibles en el sistema privatizado.)
El dinero invertido por las administradoras apuntalaron los mercados de capital de Chile, lo cual estimuló crecimiento económico y produjo rendimientos razonables. Actualmente seis AFP, la mitad perteneciente a empresas extranjeras, administran 171,000 millones de dólares en fondos de pensión, equivalentes a 71 por ciento del producto interno bruto de Chile, con base en la oficina del supervisor de los fondos de pensión.
Sin embargo, para la mayoría de los jubilados, el pionero sistema privatizado no ha logrado suministrar pensiones con las que puedan vivir. Si el mercado accionario cae o salen mal las inversiones, bajan los ahorros de los trabajadores y los cheques de pensión de jubilados.
Una comisión sobre la reforma a las pensiones, nombrada en 2014 por la Presidenta Michelle Bachelet, encontró que la pensión media de las AFP equivalía a 34 por ciento del último salario promedio del jubilado (24 por ciento en el caso de mujeres y 48 por ciento para loshombres). La cifra general subió a 45 por ciento con suplementos de una red de seguridad con fondos federales, establecida durante el primer mandato de Bachelet al frente de la presidencia.
Después de haber advertido que el sistema de pensiones estaba “en crisis”, su gobierno introdujo en 2008 una pensión mínima de alrededor de 140 dólares, financiada por el estado, para quienes no fueran capaces de ahorrar para el retiro durante sus vidas laborales, y pagos adicionales para jubilados cuyas pensiones no llegaran a esa suma. Más de 1.3 millones de chilenos, dos tercios de ellos mujeres, reciben ese tipo de prestaciones.
Pero, cuando se estudian proyecciones para los siguientes 10 a 20 años, la comisión encontró que “esto solo empeora”, dijo David Bravo, el director de la Sonda Longitudinal y Centro de Estudio de Chile en la Universidad Católica, quien presidió la comisión.
“La pensión media de las AFP será equivalente a 15 por ciento de los últimos salarios”, dijo. “Cuando se tiene a toda una generación retirándose exclusivamente del sistema AFP, la imagen se vuelve incluso más sombría. Nosotros tenemos que abordar este problema ahora”.
El informe de la comisión explicando opciones estratégicas languideció en cajón durante casi un año antes de que las recientes marchas en protesta capturaran la atención del gobierno. A comienzos de agosto, Bachelet anunció un contorno general para reformar el sistema de pensiones sin regresar a un sistema manejado por el estado, una de las principales demandas de los manifestantes.
“Las propuestas del gobierno significan más de lo mismo, y no resuelven el problema real”, dijo Luis Mesina, el secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y la cara del movimiento opuesto a las administradoras de pensiones de la iniciativa privada. “Necesitamos ponerle final a las AFP”.
Los fondos de pensiones muestran irritación ante las críticas. Las bajas pensiones no son su culpa, dijo Rodrigo Pérez, el presidente de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, sino una consecuencia de muchos factores. Incluyen, dijeron, contribuciones insuficientes o irregulares por parte de los muchos trabajadores autoempleados y aquéllos con empleos inestables, temporales o de baja paga, así como el hecho de que algunos empleadores no envían dinero deducido de salarios de los empleados.
Un estudio llevado a cabo por la asociación arrojó que solo una cuarta parte de quienes se retiraron el año pasado había hecho sus contribuciones al sistema de pensiones durante más de 25 años, y que 62 por ciento de las mujeres había hecho contribuciones a sus cuentas durante menos de 15 años.
Casi la mitad de los más de 10 millones de participantes en el sistema privado de pensiones había contribuido con regularidad, según una oficina de estado que supervisa a las empresas de fondos.
“Las AFP nunca han perdido dinero, robado dinero o caído en bancarrota”, dijo Pérez. “¿Significa eso que las pensiones son buenas? No, no lo son. El sistema requiere de importantes cambios. Sin embargo, las AFP administran los fondos de las personas que ahorran, y han hecho eso muy bien”.
Manuel Riesco, economista por el Centro Nacional para Estudios de Desarrollo Alternativo, coincidió en que a los fondos les había ido bien… para sí mismos. El dinero que cobran de deducciones salariales equivale a más del doble de lo que ellos pagan en pensiones.
“Eso es un superávit descomunal que ellos nunca devolverán”, destacó Riesco. “El estado está gastando grandes cantidades del presupuesto federal para compensar el fracaso del sistema privado. Además, a medida que la población va envejeciendo, ¿qué hacen las AFP? Reducen las pensiones incluso más. Es un sistema perverso e irracional”.
Pascale Bonnefoy
© The New York Times 2016
