No hay peor ciego que el que no quiere ver

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En sus mensajes a la nación, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que para evitar los gasolinazos, su gobierno requería de casi 200 mil millones de pesos y que no hay de donde sacarlos. Pues bien, le vamos a refrescar la memoria al presidente.

Una de las exigencias más sentidas es la eliminación de la pensión vitalicia y ayudantía a ex presidentes, que se lleva tan solo 60 millones de pesos al mes, una cifra que asciende a 720 millones anuales y a 4 mil 320 millones de pesos cada sexenio.

Tan solo por pago de seguros de vida a los ex mandatarios y sus viudas el gobierno federal pagó 7 mil millones de pesos.

En países tan avanzados como Alemania o Noruega solo se remunera a sus ex presidentes mientras consiguen trabajo y se les prohíbe incorporarse al sector privado durante un lapso a fin de evitar el conflicto de intereses.

En México, los ex presidentes pasan a formar parte de los consejos de administración de los grandes consorcios que favorecieron a su paso por Los Pinos.

El financiamiento público a partidos políticos este 2017 es de casi 4 mil millones de pesos, por cierto, un año no electoral.

Cada uno de los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia perciben un sueldo 4 millones de pesos anualmente y 7 millones el ministro presidente, lo que suma casi 50 millones de pesos y 750 millones durante el total de sus periodos. Además reciben diversas prestaciones

Mientras en San Lázaro cada uno de los 500 diputados cuesta casi dos millones de pesos, en la Cámara alta es de más de nueve millones.

Cada uno de los 128 senadores representará una inversión anual total de nueve millones 38 mil 916.36 pesos pues de acuerdo con los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Senado repartió entre sus bancadas mil 156 millones de pesos

A esta cifra se suman 1 mil 076 diputados locales de los 31 estados de la República a los cuales sumamos los 66 de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que en total reciben cada año 10 mil 400 millones de pesos.

El recién estrenado avión presidencial, el “José María Morelos y Pavón”, es un Boeing 787-8 Dreamliner cuyo costo es de 461 millones de dólares, adquirido por el gobierno federal para el uso del presidente Enrique Peña Nieto y su séquito.

Como hemos referido, el gobierno de Enrique Peña Nieto disparó el gasto publicitario de 2 mil millones a 7 mil millones tan solo en un año, lo que se traduce en más de 20 mil millones en lo que va de su sexenio.

Hace casi dos décadas se planteó la necesidad de recortar secretarías cuya labor ya era replicada por dependencias estatales, y una de las candidatas fue la de Turismo que no solo no desapareció sino que en 2016 ejerció un presupuesto de 5 mil 900 millones de pesos.

La inútil Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene un presupuesto anual de más de 41 millones de pesos.

El presupuesto federal destina 72 mil millones a transferencias a fideicomisos, una de las áreas más opacas del gasto público, que pasó de 36 mil millones presupuestados a 109 mil millones gastados en la realidad, un incremento de 72 mil millones de pesos cuyos destinos son inciertos.

Pero por si fuera poco, el gobierno federal gasta más de 51 mil en remuneraciones extraordinarias a sus funcionarios, con conceptos como 8 mil millones por puntualidad, casi 3 mil millones en “ayuda para libros”, más de 331 millones en “premios, estímulos y recompensas” y hasta 5 millones como “dote matrimonial”.

Estos rubros suman 159 mil millones.

Bueno, sumemos lo siguiente:

Los nunca esclarecidos desvíos en los gobiernos estatales, entre los que destacan los de Rodrigo Medina en Nuevo León: 3 mil 200 millones; Luis Armando Reynoso Femat: 14 millones y Carlos Lozano en Aguascalientes, Andrés Granier en Tabasco: 2 mil millones; Guillermo Padrés en Sonora: 32 mil millones, Javier Duarte en Veracruz: 13 mil millones y contando, Miguel Alonso Reyes en Zacatecas mil millones; Rubén Moreira en Coahuila: 35 mil millones, Rodrigo Medina en Nuevo León: 3 mil millones y muchos más

Que decir de la maestra Elba Esther Gordillo a quien se achacan desvíos por 2 mil 600 millones del magisterio, dinero que no deja de ser de los mexicanos y que se transformó en casas, condominios y ropa y accesorios de lujo de las tiendas Neiman Marcus. O el caso de Romero Deschamps cuyos hijos se dan vida de reyes en el extranjero con el dinero salido del petróleo.

Frenemos el derroche de los gobernadores activos como Rafael Moreno Valle en Puebla o Manuel Velasco en Chiapas, que siguen la misma ruta que Pena Nieto a su paso por el Estado de México: pavimentar su camino a Los Pinos con tremendos gastos publicitarios mientras sus entidades registran altos índices de violencia, pobreza, feminicidios y desempleo.

De todas esas dependencias y organismos, de todos esos casos de corrupción solapada, se pueden obtener los recursos necesarios para evitar que el grueso de los mexicanos siga pagando la factura de esta crisis energética y hasta sobra.

Y no se trata de paralizar al país, ni detener la marcha de la justicia, la prestación de servicios, el pago a servidores públicos o la construcción y mantenimiento de infraestructura.

Si un servidor público o un representante popular quiere servir a su país de verdad, debe aceptar un ingreso acorde a la realidad nacional, y no argüir que reducirlo es lanzarlo a robar como amenaza el senador panista Javier Lozano.

Se trata de cirugía mayor que extirpe los gastos innecesarios en un momento en que el único destazado ha sido el pueblo al que se piden sacrificios mientras que una clase parasitaria sigue disfrutando de miles de millones para gastos superfluos.

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