El periodista nicaragüense más reconocido se ha exiliado luego de que la policía armada allanó y saqueó su sala de redacción en lo que los expertos denominaron el último capítulo de la caída del país en la autocracia bajo el mandato del presidente Daniel Ortega.
Carlos Fernando Chamorro, editor de Confidencial, un boletín de noticias y un sitio web combativos y miembro de una de las familias más influyentes de Nicaragua, anunció su decisión el domingo.
Chamorro escribió: “Seguiré cumpliendo con mis deberes como periodista de Costa Rica … investigando y denunciando los crímenes, la corrupción y la impunidad y documentando la crisis terminal de esta dictadura”.
Culpó su decisión de las “amenazas extremas” a las que se enfrentaban él y otros periodistas nicaragüenses como resultado de la intensificación de la represión de la prensa por parte del líder sandinista del país.
Afirmó que salir de Nicaragua, donde Ortega ha estado luchando para recuperar el control desde un período desestabilizador y mortal de agitación política que comenzó en abril pasado, fue la única manera de garantizar su “integridad física y libertad”.
A lo largo de la crisis actual de Nicaragua, Chamorro ha insistido repetidamente en que no se le obligará a abandonar el país.
“Estoy aquí y aquí permaneceré”, le dijo a The Guardian el mes pasado después de que sus oficinas en la capital, Managua, fueron asaltadas y ocupadas por la policía. Sin embargo, el asalto a los medios de comunicación ha seguido aumentando su ritmo a pesar de la condena internacional.
Una semana después de la redada en las oficinas de Chamorro, otro canal, 100% Noticias, fue asaltado y dos de sus directores tomados bajo custodia, donde permanecen. El Comité para la Protección de los Periodistas calificó las operaciones como “una escalada inaceptable de la represión del gobierno de Nicaragua contra los medios de comunicación independientes del país”.
La semana pasada, el periódico más grande de Nicaragua, La Prensa, imprimió una página de inicio casi en blanco en protesta por el aparente intento del gobierno de silenciarlo mediante la confiscación de materiales de impresión.
