LIMA (apro).- Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de una de las peores matanzas cometidas por el Ejército peruano durante el conflicto interno en ese país (1980-2000) se quedaron con un sabor agridulce tras conocer esta semana la sentencia del caso, tras más de 31 años buscando justicia. Un tribunal civil condenó a 10 de los acusados, entre ellos tres altos mandos, por la tortura, violación, ejecución y quema de 60 campesinos quechuahablantes, incluidos 30 niños y tres mujeres embarazadas, pero decidió absolver a otros siete.
“Un poquito nos alegra, pero no tanto porque no castiga a todos los culpables, solamente a 10”, afirma Celestino Baldeón, que perdió a su madre aquel 14 de agosto de 1985, cuando un contingente militar tomó la localidad andina de Accomarca en busca de miembros de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y aniquiló a toda persona que pudo encontrar, sin importar la edad y sin averiguar si tenía o no algún tipo de relación con los subversivos.
“Al cabecilla se le ha castigado”, celebra Baldeón, en referencia al general en retiro Wilfredo Mori, que entonces era el máximo responsable militar de la región de Ayacucho, donde se encuentra Accomarca y que ha sido condenado a la pena máxima: 25 años de prisión. “Pero estamos totalmente indignados porque deberían ser todos culpables, porque todos participaron en esta matanza”, agrega.
Sin embargo, los defensores de los derechos humanos, aunque comparten la inconformidad con las absoluciones, destacan la importancia de este fallo, porque condena no sólo a autores materiales de la matanza, sino también a los intelectuales (o a algunos de ellos), y con penas de prisión contundentes. Además de Mori, otros dos altos mandos que participaron en la planificación del operativo recibieron penas de 25 años.
“La sentencia es una de las más importantes en Perú porque entra a discutir a fondo el tema”, afirma Jo-Marie Burt, representante de la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y observadora de este juicio desde su inicio, hace 10 años. Es decir, no solamente aborda “la autoría material, sino también la intelectual; no sólo quién hizo la masacre sino quién la planificó, quién la ordenó y quién, en este caso, la encubrió”.
El tribunal colegiado que juzgó el caso descartó así la versión que había dado el Ejército sobre los hechos, y que sustentaron casi todos los acusados, de que todo fue responsabilidad de la “locura” de uno de los jefes de patrulla, Telmo Hurtado. Éste, aunque admitió parcialmente su culpabilidad, aseguró durante el juicio que él cumplió las órdenes que recibió e implicó a toda su cadena de mando.
Finalmente, Hurtado fue sentenciado a 23 años de cárcel, uno menos que otro jefe de patrulla –ambos extraditados de Estados Unidos tras huir a ese país–, mientras que cinco de los soldados que participaron en la carnicería se llevaron penas de 10 años cada uno.
