OAXACA, Oax. (apro).- El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la negativa del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa a otorgar medidas cautelares para indígenas tzotziles que fueron amenazados por el presunto grupo paramilitar “Ejército Chamula”.
Los coordinadores del Comité, Luis Bustamante Valencia y Miguel Ángel García Aguirre, cuestionaron que Alejandro Avilés Álvarez, secretario general de Gobierno de Alejandro Murat haya negado el otorgamiento de medidas cautelares a los indígenas con el argumento que “no podía exponer la seguridad de policías del estado de Oaxaca, puesto que la zona donde se ubica Nuevo San Andrés está rodeada de poblados chiapanecos”.
Por esta situación, solicitaron a la CIDH emita medidas de protección por parte del Estado mexicano a favor de los habitantes de la congregación Nuevo San Andrés ubicada en los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.
Recordaron que la congregación Nuevo San Andrés está conformada por 20 familias, es decir, unos 100 habitantes; de ellos 25 mujeres y 45 niños y niñas tzotziles, quienes como integrantes de los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa se han sumado a la defensa del territorio comunal, aceptando la jurisdicción del estado de Oaxaca aunque su origen es chiapaneco.
Por esta razón, el pasado 24 de febrero, alrededor de las 18:30 horas comuneros de esta congregación fueron atacados cuando regresaban de realizar compras en la ciudad de Cintalapa, Chiapas.
Relataron que unos 40 hombres, encabezados por Miguel López López, Manuel López, Domingo Gómez Gómez, Antonio López Pérez, Eliseo López López, Efraín Ruíz Hernández y Jorge Toledo Mazariegos (alias “El Costeño), que se autodenominan “Ejército Chamula”, los agredieron.
La agresión ocurrió a 300 metros de la desviación al camino que va para el ejido Plan de Guadalupe, en el paraje conocido como “El Patío”, lugar donde resultaron heridos Abner Ruíz Núñez -internado actualmente en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza” de la Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-, y Lorenzo Gómez Gómez, así como José Ignacio Gómez Díaz, quienes fueron privados temporalmente de su libertad, golpeados y torturados.
El grupo que perpetró esta agresión se autodenomina “Ejército Chamula” y está encabezado por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna o Rubén Jiménez Luna, quienes fueron inexplicablemente liberados del Centro de Reinserción Social número 14 “El Amate”, ubicado en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, en donde, desde octubre de 2014 se encontraban procesados por delitos de homicidio y delincuencia organizada.
Posteriormente, el 28 de febrero, los comuneros agredidos denunciaron los hechos relatados ante la Fiscalía de Zanatepec, Oaxaca, iniciándose la carpeta de investigación número 868/ZAN/2017 por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, secuestro, disparos de arma de fuego, ataque peligros y asociación delictuosa.
Ese mismo día, los comuneros de la congregación Nuevo San Andrés fueron amenazados públicamente en la ciudad de Cintalapa, Chiapas de que el Ejército Chamula arrasaría el poblado chimalapa de Nuevo San Andrés.
Ante esas amenazas públicas, el 1 de marzo de este año, el comité solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la emisión de medidas cautelares, con la finalidad de que se resguardara la vida y la integridad física de los pobladores y las familias de la congregación Nuevo San Andrés.
La defensoría inició el expediente DDHPO/CA/241/(10)/OAX/2017 y solicitó la intervención del secretario general de Gobierno, Alejandro Avilés Alvares, mediante oficio 002948, sin embargo, la protección requerida urgentemente nunca llegó ni tampoco acepto las medidas cautelares.
