WASHINGTON — Con su promesa de deportar de dos a tres millones de inmigrantes que han cometido crímenes, el presidente electo Donald Trump dio indicios de que intensificaría la expulsión de personas que se encuentran tanto legal como ilegalmente en Estados Unidos. Si se llevara a cabo, el plan requeriría redadas por parte de una fuerza federal de inmigración mucho más grande para encontrar a esos inmigrantes y sacarlos del país.
Hablando del tema en una entrevista que se transmitió el domingo en el programa de CBS 60 Minutes, Trump adoptó un tono más suave en torno a los inmigrantes, en contraste con el que utilizó durante su campaña, cuando calificó a muchos de ellos de violadores y criminales. En vez de eso, se refirió a ellos como “personas estupendas”, y dijo que se ocuparían de ellos solo después de que aseguraran la frontera y deportaran a los criminales.
Sin embargo, al decir que el número de personas que pretende expulsar del país es de hasta tres millones, Trump da pie a cuestionamientos sobre qué inmigrantes planea procesar para su deportación y cómo podría lograr la expulsión de tantas personas.
“Si quiere deportar de dos a tres millones de personas, tendrá que basarse en tácticas que dividirán comunidades y crearán miedo en todo el país”, dijo Kevin Appleby, el director sénior de política migratoria internacional en el Centro de Estudios de Migración de Nueva York. “Tendría que llevar a cabo un rastreo, redadas o tácticas similares para alcanzar la cifra que desea. Crearía un Estado policiaco, en el que se tendría que buscar a la gente de manera agresiva”.
Los detalles son cruciales para entender el acercamiento de un presidente electo que basó su campaña en una promesa de construir un muro fronterizo y deportar a infractores. El lunes, el presidente Obama dijo que instaría a Trump a dejar intactas sus iniciativas ejecutivas, las mismas que han protegido de la deportación a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños.
Un vistazo a los números
Cuando le preguntaron en 60 Minutes si buscaría deportar a “millones y millones de inmigrantes indocumentados”, Trump dijo que su prioridad sería expulsar “a los criminales y las personas con antecedentes penales”.
“Lo que haremos es atrapar a los criminales y a las personas con antecedentes penales: miembros de pandillas, traficantes de drogas, hay muchos de ellos aquí, quizá dos millones, incluso podrían ser tres millones. Los expulsaremos del país o los encarcelaremos”, dijo Trump. “Pero los deportaremos; están aquí de manera ilegal”.
El gobierno de Obama ha estimado que 1,9 millones “de extranjeros criminales aptos para su deportación” se encuentran en Estados Unidos. La cifra incluye a personas con permisos (green cards) para su residencia permanente y legal en el país, así como aquellos con visas temporales. También incluye a personas que han sido condenadas por crímenes no violentos como robo, no solo los que resultaron culpables de delitos graves o violencia vinculada a pandillas.
“Sin duda pueden empezar con esa cantidad”, dijo Jessica M. Vaughan, directora de estudios de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración, un grupo que apoya reducir la inmigración.
No obstante, aunque las cifras de Trump sean correctas —y muchos activistas de inmigración las rebaten— no está claro que Trump pueda llevar a cabo esas deportaciones rápidamente sin violar el debido proceso.
En muchos casos, los convictos tendrían que pasar por cortes de inmigración antes de que pudieran ser deportados. Esas cortes están sobrecargadas de muchísimos casos pendientes, así que obtener órdenes de deportación por parte de los jueces podría tomar varios meses… si no es que varios años. Miles de inmigrantes están cumpliendo sentencias en prisión que, bajo la ley actual, no pueden reducirse. De acuerdo con cifras oficiales, desde junio solo cerca de 183.000 inmigrantes habían sido condenados por crímenes y también tenían órdenes de deportación, así que podrían ser detenidos y expulsados rápidamente.
Detectando criminales
La estrategia de Trump sería de cierta manera una continuación de las políticas que Obama ha promovido para concentrar la aplicación de las leyes migratorias en los criminales convictos.
En 2014, su gobierno emitió lineamientos que instruyen a los agentes a darle más prioridad a los criminales en sus operativos. En 2015, de acuerdo con las cifras de Inmigración y Aduanas, la mayoría de los 235.413 deportados —59 por ciento— fueron criminales convictos, mientras que el 41 por ciento fueron expulsados por violaciones migratorias.
“Bajo el gobierno de Obama ya hemos logrado calibrar nuestra política con un gran énfasis hacia los criminales extranjeros”, dijo Muzaffar Chishti, director de la oficina del Instituto de Políticas Migratorias, un grupo apartidista de investigación, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Desde 2009, Obama ha presidido la deportación de cerca de 2,5 millones de inmigrantes, lo cual provocó fuertes críticas por parte de grupos de defensa. En parte, lo hizo con el fin de generar respaldo político para una revisión generalizada de las leyes migratorias que habría provisto un camino a la ciudadanía para los inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal.
Bajo un programa ahora extinto conocido como Comunidades Seguras, el gobierno de Obama utilizó huellas digitales que se comparten entre departamentos de fuerzas policiales locales para encontrar y deportar a inmigrantes que han cometido crímenes. La Oficina de Inmigración y Aduanas también se asoció con las autoridades locales para dar prioridad al arresto y detención de criminales extranjeros.
Ambas medidas ayudaron a impulsar las deportaciones hasta que llegaron casi a las 400.000 por año durante el primer periodo de Obama. Multiplicar el número varias veces casi con seguridad requeriría reinstaurar un programa como Comunidades Seguras y emplear a muchos más agentes de inmigración, así como utilizar tácticas más agresivas para encontrar y expulsar a los inmigrantes que pudieran haber violado la ley, de acuerdo con Appleby, del Centro de Estudios de Migración de Nueva York.
Resistencia por parte de las ciudades
Si Trump busca revivir programas de cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración, es probable que se encuentre con desafíos legales y resistencia por parte de decenas de ciudades y condados que han restringido o rechazado la cooperación.
Trump ha dicho que recortaría el financiamiento federal a las ciudades que se rehúsen a cooperar con agentes federales para detener a inmigrantes ilegales. Durante su campaña, enfatizó los crímenes terribles que han cometido inmigrantes que, según él, no habían sido detectados a causa de políticas que los protegen.
En una conferencia de prensa en Chicago el lunes, el alcalde Rahm Emanuel, un demócrata, buscó aliviar los temores de deportación y el acoso, reiterando el estatus de Chicago como ciudad santuario para los inmigrantes.
“Es importante para las familias que sienten ansiedad, es importante para los niños y adolescentes que no se sienten seguros después de la elección, es importante que entiendan que la ciudad de Chicago es su hogar”, dijo Emanuel. “Siempre son bienvenidos en esta ciudad”.
El condado de Cook, donde está Chicago, ha adoptado una política especialmente restrictiva en torno a lazos entre la policía y agentes federales. Emanuel animó a los inmigrantes a utilizar una línea de ayuda para asesoramiento legal, y dijo que Chicago rápidamente establecería un programa de identificación municipal para permitir que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a los servicios de la ciudad.
La alcaldesa Betsy Hodges de Minneapolis fue desafiante. “Seguiré apoyando y luchando por los inmigrantes sin importar las amenazas del presidente electo Trump”, dijo. “Si los funcionarios de la policía llegaran a hacer el trabajo de ICE (Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por su sigla en inglés), dañarían nuestra capacidad de brindar seguridad a las personas y resolver crímenes”. El alcalde de Newark, Ras Baraka, señaló que las protecciones de la ciudad no cambiarían.
En California, los integrantes de una legislatura dominada por demócratas rechazaron las cifras y los planes de Trump. “Es erróneo y profundamente irresponsable sugerir que hasta tres millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos son criminales peligrosos”, dijo Kevin de Leon, el presidente temporal del senado. Sostuvo que las cifras de Trump eran “un pretexto ligeramente velado para crear una política catastrófica de deportaciones masivas”, y dijo a los inmigrantes que “el estado de California los apoya de manera categórica”.
El jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck, afirmó que sus fuerzas policiales no cambiarían sus políticas. “No trabajaremos de manera conjunta con el Departamento de Seguridad Nacional en sus iniciativas de deportación”, dijo, de acuerdo a The Los Angeles Times. “Ese no es nuestro trabajo y tampoco haré que lo sea”.
