CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Policía Federal de Brasil presentó cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción, lavado de dinero y falsificación en una de tres causas que se siguen en su contra por presuntamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la red de corrupción enquistada en la estatal Petrobras.
La acusación se centra en la adquisición de un apartamento en la playa cuya propiedad se atribuye al exmandatario según informaron medios locales.
Además, según voceros consultados por la agencia EFE, la acusación se extiende a la esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, y al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto.
La Policía Federal también presentó cargos en el mismo proceso contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el presidente y un importante ejecutivo, respectivamente, de la constructora OAS, una de las empresas ya condenada por participar en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Medios locales publicaron copias de la acusación formal de la Policía Federal contra Lula, justo en momentos en que el país mantiene su atención en la fase final del juicio político que abrió el Senado para destituir a la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, sucesora y ahijada política de Lula.
La investigación hace referencia a un apartamento de tres pisos en Guarujá, un balneario en el litoral del estado de Sao Paulo, por el que Lula pagó una cuota inicial.
Al respecto, los abogados del exmandatario alegan que su cliente desistió del negocio y pidió que le devolvieran el dinero y por lo tanto no se le puede atribuir la propiedad del inmueble.
Según la información difundida de manera local, al apartamento fue sometido a costosas remodelaciones con cargo a la OAS y la Policía ha divulgado imágenes que muestran a Lula o a su mujer visitando la vivienda en compañía de los ingenieros responsables de las obras.
Ahora la Fiscalía tendrá que analizar las pruebas presentadas por la Policía Federal, para lo cual tiene un plazo de 90 días y luego decidir si le pide o no a la Justicia que abra un proceso contra Lula y los otros acusados.
Lula da Silva también es investigado por la supuesta propiedad de una casa de campo en la ciudad de Atibaia y por las irregularidades detectadas en Petrobras.
