La policía de Filipinas mató a 13 presuntos traficantes de drogas y arrestó a más de 100 personas en docenas de operaciones antinarcóticos el miércoles en una provincia al norte de la capital, dijo su jefe de policía.
Más de 4,000 filipinos han sido asesinados por la policía, y miles más por hombres armados no identificados, durante la controvertida guerra contra el narcotráfico del presidente Rodrigo Duterte. La mayoría de los homicidios han ocurrido en zonas destartaladas de Manila y las provincias cercanas de Bulacan y Cavite.
Los grupos de derechos humanos y los opositores políticos de Duterte dicen que las ejecuciones de usuarios de drogas y vendedores ambulantes de poca monta están muy extendidas, pero la policía insiste en que los asesinados fueron todos traficantes que opusieron resistencia violenta.
La policía de Bulacan llevó a cabo unas 60 operaciones en nueve pueblos, dijo el jueves el jefe de la policía.
Bulacan es donde 32 personas murieron en un solo día en agosto del año pasado. El mes pasado, otros 10 sospechosos de drogas murieron en una noche sangrienta de arrestos por drogas.
“Estas operaciones son parte de nuestra campaña intensificada contra las drogas y todas las demás formas de criminalidad en la provincia”, dijo el jefe de la policía de Bulacan, Romeo Caramat, en un comunicado. “Desafortunadamente, 13 de los sospechosos fueron asesinados cuando nuestros oficiales dispararon en defensa propia poco después de que los sospechosos que estaban armados con armas ocultas sintieron que estaban siendo atrapados y comenzaron a disparar”.
Más de 100 personas también fueron arrestadas y 19 armas de fuego y cerca de 250 paquetes de drogas sospechosas fueron incautadas durante la operación de 24 horas, dijo Caramat.
El mes pasado, un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya abrió un examen preliminar de una denuncia en la que se acusaba a Duterte y al menos a 11 funcionarios de crímenes de lesa humanidad.
Filipinas notificó la semana pasada a las Naciones Unidas su decisión de retirarse de la CPI debido a lo que Duterte calificó como ataques escandalosos de funcionarios de la ONU y violaciones al debido proceso.
Con información de The Guardian
