Aunque los munícipes hablan de una regulación sobre estos dispositivos no hay legislación al respecto
De unas semanas a la fecha los gobiernos municipales y el federal han volteado su atención a las cámaras de seguridad instaladas por los residentes de casas habitación y comercios para vigilar sus propiedades y aunque los munícipes hablan de una regulación sobre estos dispositivos, no hay legislación al respecto en reglamentos como el Bando de Policía y Gobierno, que sería el sustento legal correspondiente.
Si acaso la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y con base en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), establece en su artículo segundo que establece en su artículo segundo la prohibición para difundir imágenes de particulares captadas por las cámaras de vigilancia que muchas personas han colocado en los perímetros de sus casas y establecimientos comerciales.
Ha sido gracias a las cámaras de vigilancia que los mexicanos nos hemos enterado de la comisión de una serie de delitos y abusos de autoridad, desde asaltos y homicidios hasta accidentes y abusos contra adultos, menores y hasta animales.
Cabe destacar que las multas por la difusión de imágenes de particulares sin su consentimiento llega a alcanzar los 18 millones de pesos, y que hay una serie de ángulos sobre este tema.
Los gobiernos están actuando con mayor rigor a este respecto luego de descubrir que hay toda una red de cámaras colocadas por grupos criminales en las ciudades, que por lo que respecta a Baja California han sido retiradas de los municipios de Tecate, Tijuana y Mexicali.
En fechas recientes la alcaldesa de la capital del estado Norma Bustamante declaró que los policías municipales deben aplicar a criterio su actuar en torno a las cámaras de seguridad, aunque dichos oficiales carecen de un sustento legal para actuar, esto luego de dos de sus uniformados amenazaron a un ciudadano mientras colocaba uno de estos dispositivos.
De hecho las cámaras de vigilancia han coadyuvado al esclarecimiento de diversos delitos, desde homicidios y feminicidios cometidos por personas que a partir de haber sido captados en flagrancia ya han sido detenidos, hasta accidentes y otras acciones.
Este tema es tan relevante para los ciudadanos que no puede ser dejado a criterio de los policías, como advertía la alcaldesa, quien finalmente tuvo que admitir que sus muchachos no tienen elementos legales para prohibir la instalación de estos aparatos.
Será que los propios policías de Mexicali no quieren ser sorprendidos cuando cometen delitos como ocurriera con los oficiales Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez, quienes el 1 de septiembre del 2022 detuvieron y asesinaron al comerciante José Alberto Cantero para despojarlo de 40 mil dólares, o algunos otros casos similares.
Si bien los grupos del crimen organizado han montado sus propios centros de videovigilancia, los ciudadanos tenemos derecho a proteger nuestras vidas y nuestro patrimonio, incluso tenemos derecho a captar el actuar de los policías durante las aprehensiones, aunque se resistan a ello y detengan a quienes lo hacen con el pretexto de que interfieren con su trabajo.
