Algunos de los oficiales que perdieron la vida en los dos últimos años, estuvieron implicados en el robo de drogas a cárteles del narcotráfico
Lamentablemente Baja California figura entre las entidades de la República que registran un mayor número de policías muertos, entre los que destacan Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, el Estado de México, Michoacán y otros.
También lamentablemente, no siempre fueron elementos caído en el cumplimiento de su deber, sino precisamente por todo lo contrario.
Podemos entender lo que ocurre en las citadas entidades, a las cuales hay que sumar Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Puebla, donde se viven virtuales guerras de baja intensidad, aunque a veces la violencia arrecia como es el caso de Sinaloa.
Pero en Baja California, el enfrentamiento entre grupos delictivos y corporaciones policiacas, que sumado al del 2023 nos deja un saldo rojo.
Con conocimiento de causa, y por información vertida en canales extra oficiales, sabemos que algunos de los oficiales que perdieron la vida en los dos últimos años, estuvieron implicados en el robo de drogas a cárteles del narcotráfico.
Basta revisar en qué casos los policías de diversas corporaciones fueron despedidos con honores, o aquellos que fueron sepultados sin la presencia de sus superiores, para saber quienes cumplieron con su deber y quienes delinquieron para su propio beneficio.
Con 13 oficiales muertos, Baja California figura en el listado en que entidades como Puebla reportan la misma cifra, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas con 16, Michoacán con 17, Chiapas con 22, el Estado de México con 24 y Guanajuato con una cifra de 61 elementos policiacos caídos, que junto con otras entidades, en total sumaron 360, casi un policía muerto por día en el año.
Hace falta una verdadera revisión de las políticas de seguridad de nuestro país si no queremos seguir viendo que México siga siendo panteón de oficiales, ya sea para evitar que se sumen a las filas del crimen organizado, pero también para garantizar su salud y una pensión digna así como cobertura de servicios médicos para sus familiares.
Tan solo un dato: las esposas de los elementos de la extinta Policía Judicial de Baja California se quedan desprotegidas al momento en que sus esposos ya retirados mueren, y son dadas de baja del Issstecali y no reciben pensión alguna.
Y sin ir más lejos, y sin que se trate de un tema de pactos o acuerdos entre policías y grupos criminales, hasta los auxiliares viales conocidos como los “minions” le entran al juego de la corrupción al cobrar 60 o hasta 100 dólares a los automovilistas que quieran evitar la fila de espera de hasta casi 4 horas en la garita de San Ysidro, hasta que este 7 de enero fueron removidos del punto tras ser captados hasta en dos ocasiones por drones que vigilaron su esquema de corrupción.
Ante este escenario, urge replantearse que policías tenemos y que policías queremos tener.
