CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra un decreto publicado en el Diario Oficial de Sinaloa en materia de combate a la corrupción.
El decreto 768 reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa, con lo que permite que los magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo, contraviniendo la intención del Constituyente federal.
En ese sentido, viola el párrafo Tercero del Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, puntualizó la PGR en un comunicado.
Y subrayó que el Congreso de Sinaloa transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicas, toda vez que los sistemas estatales anticorrupción no deben ser creados “a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales, ya que ese proceder indefectiblemente genera incertidumbre jurídica”.
Según la PGR, con el decreto publciado los operadores jurídicos no tendrán la certeza, en torno al Sistema Local Anticorrupción, de cuáles son las normas que lo rigen; es decir, carecerán del conocimiento pleno respecto de las reglas establecidas en las leyes que regirán y delimitarán la actuación de las autoridades dentro de dicho Sistema Local Anticorrupción.
La creación de un “sistema” implica el diseño de un conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí, puntualizó.
En días pasados la PGR también promovió acciones de inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo en materia de combate a la corrupción, obteniendo, por lo que hace a las dos primeras entidades, resoluciones favorables por parte de la SCJN.
