Narciso Rey David Medina, presidente de la Asociación Proyecto Justicia, presentó la tarde de ayer una queja ante el Juez de Control de Garantías y Juicio Oral Penal, debido a que personal administrativo auxiliar les ha negado el acceso a la información de la versión escrita de las resoluciones del juzgado oral, en el caso del imputado Héctor Jovani “N”, a quien se le acusa por el delito de homicidio.
En entrevista con AFN, el abogado defensor de la persona, refirió que desde el pasado 18 de noviembre solicitaron esta Información ante el personal auxiliar de los juzgados del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y hasta este día no les han proporcionado nada, bajo la excusa de que no tienen tiempo para ello, que hay otras solicitudes que tienen pendientes y porque nadie antes había solicitado con tanta insistencia esos documentos.
Sin embargo, agregó el abogado, como garantía del imputado es su derecho de defensa contar con el documento escrito de las audiencias orales en que ha participado, además que es una obligación de la institución realizar estos documentos escritos, más allá de que las audiencias sean grabadas en video.
Esto, resaltó, pone en evidencia que no hay pruebas contundentes en contra de la persona a quien se le está imputado en un caso en el que no tuvo participación y, sobre todo, que no están llevando a cabo los protocolos adecuados que marca el NSJP, lo cual es una violación a la ley.
Por ello, agregó Rey David Medina, interpusieron esta queja, porque es necesario que tanto el personal como el juez de control cumplan con la legalidad de los hechos y no violenten el derecho a la información de su defendido.
El abogado expresó también que ante la queja, le respondieron que tienen un plazo de 48 horas para recibir una respuesta, así que esperarán al próximo lunes para ver qué les resuelven, de lo contrario, dijo, interpondrán una queja ante el Presidente del Tribunal de Justicia y la propia Contraloría.
Finalmente dijo que esta falta a la ley no la dejarán pasar por alto y que actuarán hasta las últimas consecuencias para garantizar los derechos que tiene el imputado.
