Prófugo maestro que abusó sexualmente de 19 niños en Ensenada

Un maestro de inglés de un plantel preescolar de Ensenada, Baja California, es acusado de haber perpetrado agresiones sexuales en contra de 19 niños, lo cuales ya fueron sometidos a exámenes físicos y psicológicos que confirman dicho abuso por parte del profesor, quien ya se encuentra prófugo.

Ante ello, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 10/2016 a la Secretaría de Educación del estado. El organismo advierte que las autoridades responsables “incumplieron el principio de interés superior de la niñez, violaron el derecho a la seguridad jurídica y al trato digno de las víctimas y las personas quejosas, así como sus derechos como víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos”, además de que “atentaron contra los derechos de los agraviados “a la educación libre de violencia y el sano desarrollo integral”, en los hechos ocurridos entre octubre y diciembre de 2015, que fueron denunciados por 18 padres de familia.

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El profesor, Luis Gerardo Lugo Cirerol, es señalado como el autor del abuso en contra de 19 menores que pese a denunciar los hechos, fueron ignorados por la dirección del plantel, el cual tomaron a fin de que trascendieran sus reclamos.

De acuerdo a sus hijos, los hechos se registraron entre octubre y diciembre de 2015 pero fue hasta el mes de marzo cuando fueron hechos del conocimiento de la directora del preescolar, la profesora Minerva Alcaliz Valenzuela.

Ese mismo mes de marzo, se interpuso una denuncia ante la agencia del Ministerio Público en contra del profesor y de otra maestra de nombre Verónica quien de acuerdo a los menores, los amenazó e incluso golpeó para que no siguiera denunciando los absusos a que fueron sometidos.

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De acuerdo a la recomendación de la CEDH, el profesor Lugo Cicerol “incurrió en conductas constitutivas de abuso sexual en contra de las víctimas, algunas de quienes fueron sujetas a tocamientos, desnudos forzosos y/o exposición a presenciar los antedichos abusos”.

También asienta que el proesor “cometió diversos actos de maltrato físico y emocional de diversa índole contra las víctimas”.

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Una profesora más, identificada como Verónica, se le acusa “ejercer violencia psicológica contra las niñas y los niños al buscar intimidarlos para disuadirlos de denunciar los hechos de abuso sexual cometidos”.

También la directora del preescolar, Alcaliz Valenzuela es acusada ya que “obstaculizó el acceso de las víctimas y sus familias a denunciar los hechos e incurrió en incumplimiento de la obligación de proteger la integridad y seguridad de las niñas y los niños bajo su responsabilidad”, y a la inspectora la señala de participar “en la obstaculización de las investigaciones y el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral”.

Además refiere que la inspectora está comprometida en un conflicto de intereses por un parentesco que la une con el maestro, quien, de acuerdo con el secretario de Educación Mario Herrera Zárate en entrevista previa, fue contratado precisamente por esta funcionaria escolar sin seguir los procedimientos oficiales.

Entre octubre de 2015 y febrero pasado se manifestaron cambios de conducta “documentados en al menos 19 niñas y niños de entre 4 y 5 años”, como enuresis (incontinencia urinaria), alteraciones conductuales que incluían llanto inexplicable, ansiedad, tristeza, agresividad, sentimientos de vergüenza, miedo (particularmente al ir al baño o dormir solos) y conductas fóbicas en relación con la escuela, entre otras, según la recomendación.

La CEDH aclaró que no prejuzga “sobre las responsabilidades penales en las que hubieran incurrido las autoridades responsables en los procesos que enfrenten” y advirtió que se refiere a “las responsabilidades producidas por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de garantía, promoción, protección y respeto de los derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana, los tratados internacionales de los que el México es Parte, y el marco normativo aplicable al caso, en el ámbito de sus respectivas competencias”.

La Recomendación ya fue debidamente notificada a la autoridad señalada como responsable. En caso de no ser aceptada, la Comisión Estatal de acuerdo a sus atribuciones podrá solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de la autoridad a efecto de que explique el motivo de su negativa.

La recomendación de 12 puntos demanda la reparación del daño a los afectados y sus padres y si no hay recursos en esta administración se etiquete en la siguiente, que se les dé atención médica y psicológica, que se instalen cámaras de video en puntos estratégicos del plantel y luego en otras escuelas, que se supervise el uso de los baños para que no se conviertan en espacios susceptibles de alguna conducta delictiva y se apoye a las autoridades ministeriales en la investigación.

Además solicita una campaña de sensibilización entre la población infantil para que detecten indicios de abuso y que las aulas no tengan obstáculos de visibilidad al interior, así como iniciar un programa de prevención de violencia sexual y capacitación a los niños y sus padres.