XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Miguel Ángel Yunes envió una iniciativa de decreto al Congreso para reestructurar la deuda pública “las veces que sea necesario”, acción que permitirá a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) contratar créditos para saldar los 42 mil millones de pesos que se adeudan a tenedores bursátiles, instituciones bancarias y Banobras.
Yunes Linares planteó en su iniciativa de decreto –turnada a comisiones para su estudio y análisis– que los pasivos contraídos con diversas instituciones bancarias se puedan pagar ya con esos créditos pero con mejores tasas de intereses.
El plazo de liquidación que planteó el gobierno de Veracruz prevé que la deuda sea liquidada hasta por 50 años.
En la Gaceta Legislativa de este martes se señala que la propuesta y los refinanciamientos podrán realizarse mediante la emisión de bonos, valores, certificados u otros títulos de deuda pública en los mercados financieros mexicanos, o bien, mediante la celebración de créditos con personas morales o entidades financieras mexicanas.
Yunes Linares indicó que para garantizar el pago de los nuevos créditos se dejarán empeñadas las participaciones federales, al tiempo que se abre la posibilidad de ceder o comprometer, sea o no de forma irrevocable, cualquier fuente de ingresos propios derivados de impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, o de sus respectivos accesorios, para destinarlos como fuente de pago, o garantía de las obligaciones financieras contraídas en virtud de este instrumento por parte del gobierno estatal.
También se establece un artículo en el que se faculta a la Sefiplan para agregar al monto de los financiamientos las disposiciones de recursos que resulten suficientes para conformar los fondos de reserva pertinentes, así como sufragar los costos y gastos asociados a esos financiamientos.
Igual se incluyen los pagos a los proveedores de servicios que permitan efectuar las operaciones en buenas condiciones.
“Cabe destacar que también se sumarían las penalizaciones que resulten, en su caso, por pago anticipado de las obligaciones, la contratación de operaciones financieras de cobertura que tiendan a evitar o reducir el riesgo económico-financiero”, se expresa en el documento.
El presunto daño patrimonial durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa asciende a 180 mil 888 millones 402 mil 510 pesos, según un diagnóstico de la Comisión de Hacienda del Congreso local de la pasada legislatura.
La cifra es alarmante si se considera que el ejercicio fiscal del gobierno de Duarte promedió cada año entre 95 mil y 100 mil millones de pesos anuales, es decir, cometió un daño patrimonial equivalente al presupuesto total de casi dos de los seis años que gobernó.
El documento de áreas de riesgo financiero, en poder de Apro, expone que la deuda pública bancaria reconocida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) asciende a 48 mil 183 millones, mientras que el sexenio de Duarte arrancó con un pasivo bancario de 11 mil millones.
A ello se suman más de 12 mil 877 millones de pasivo circulante por deudas con contratistas (obras públicas ya concluidas), proveedores (insumos ya gastados), terceros institucionales y medios de comunicación.
Además, 12 mil 775 millones de ministraciones pendientes de transferir a entes públicos como ayuntamientos y organismos autónomos y públicos descentralizados.
En el pasivo contingente, la Comisión de Hacienda también incluyó mil 363 millones implicados en juicios pendientes de resolución del gobierno central; más 38 mil 300 millones de cuentas pendientes por regularizar; 3 mil 568 millones de pesos por resolución de fideicomisos, y 5 mil 549 millones de un juicio perdido con la empresa Finamed en la Secretaría de Salud.
Igual, 6 millones 395 mil pesos de pasivo con la empresa Airbus Helicopters; 2 mil 338 millones 700 mil pesos de adeudos con la Universidad Veracruzana (UV); 5 mil 309 millones de adeudo al Instituto de Pensiones del Estado (IPE); más de 940 millones de pesos pagados a empresas fantasma que detectó la PGR, y más de 645 millones de pesos que según, el portal Animal Político, el gobierno de Duarte facturó sin la prestación de los servicios correspondientes.
Es por ello que el daño patrimonial de 2015 sumó 14 mil 34 millones 307 mil 510 pesos, y en las denuncias por reintegro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) siguen acumulándose 35 mil millones.
En otras palabras, en 70 meses de gobierno Javier Duarte y su séquito “desviaron”, dejaron de pagar, ministrar, transferir o ejercer más de 180 mil millones de pesos, según la Comisión de Hacienda del Congreso local.
Finalmente, las áreas de riesgo financiero de Veracruz, analizadas por diputados de oposición (PAN y PRD), fortalecieron la conclusión de que se desviaron 3.5 pesos de cada diez del erario.
