Entre los manifestantes estaban residentes de Terrazas del Valle, Maclovio Rojas, La Morita y taxistas del gremio de taxis rojo y negro.
TIJUANA, Baja California.- Con la frase “pueblo callado, nunca será escuchado”, los vecinos del poblado Maclovio Rojas y las colonias Terrazas del Valle y La Morita se unieron en protesta a los taxis de la línea rojo y negro en contra de los abusos que ha realizado el gobierno de Baja California en contra de los transportistas.
De acuerdo con Joaquín Baltazar Sanabria, secretario general de los taxis rojo y negro círculo blanco, ya tenían una cita pactada con el secretario de gobierno del estado, Alfredo Álvarez; sin embargo, el funcionario canceló el encuentro minutos antes de la hora acordada. “No nos han querido revalidar muchas situaciones, entre ellas el permiso. Ahora, el día 30 de marzo, se venció la tarjeta de circulación, y por ningún motivo nos han querido revalidar, únicamente a rojo y negro. Teníamos una reunión a las doce y media, pero no cumplen con los acuerdos”.
Por su parte, Casandra Hernández, representante de la comunidad de Maclovio Rojas, indicó que se unieron a la manifestación para impulsar sus peticiones de regularización de tierras, las cuales han sido ignoradas por las autoridades estatales. “Sin importar que se cambie al secretario de gobierno, nosotros seguimos en la misma situación. Mucha gente de la zona este sigue sin un título de propiedad, con demandas y miedo al desalojo”.
Asimismo, Isaac Molina, representante de los residentes de Terrazas del Valle, señaló que los presentes le habían manifestado temor a ser reprimidos, ya que varios elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana habían comenzado a llegar al sitio. “Marina del Pilar, aquí estamos afuera. Estamos esperando que nos atiendan hasta que ustedes digan, o no sé si vaya a atreverse a reprimir al pueblo como ya lo hizo en la Cinco y Diez con los compañeros taxistas”.
También, Rosa Lilia Jiménez, representante del frente posesionario de La Morita, aseveró que ha recibido demandas y otros documentos donde les piden abandonar sus terrenos de manera arbitraria, aunque ellos cuentan con los títulos de propiedad desde hace más de 20 años. “Nos están demandando que paguemos la tierra. Ellos dicen que son dueños porque el estado les robó sus tierras en 1985, y en 1993 ellos nos las vendieron. El estado nos llevó hasta nuestras tierras, entonces, este problema no es de nosotros, es del estado”.
Los manifestantes recibieron la visita de un verificador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos debido a que les cortaron el servicio del agua a los baños de las oficinas de gobierno mientras ellos se encontraban ahí; a su vez, los protestantes aseguraron que se iban a mantener en el Instituto de Movilidad Sustentable hasta que la gobernadora Marina del Pilar o el secretario de gobierno, Alfredo Álvarez, los atienda y les solucione.
Con información de Alan Ramírez
