CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Arquitecto de uno de los primeros proyectos de Constitución de la Ciudad de México y estudioso de las leyes supremas de la historia del país, Ignacio Marván Laborde califica la propuesta presentada por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Constituyente como un texto “aspiracional”, más parecido a una plataforma electoral, pues carece de bases técnicas y jurídicas, además de contener propuestas inviables.
En entrevista con Proceso, Marván, quien es profesor e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma: “Ese texto, más que una constitución… se convirtió en una plataforma de las que se presentan ante el Instituto Nacional Electoral para llamar a gente a favor de un partido o de unos candidatos”.
El proyecto entregado el pasado 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente en la vieja Casona de Xicoténcatl, elaborada por un Grupo Redactor de 28 personalidades, conjunta “una serie de propuestas, muchas incluso de muy buena intención, pero muy lejos de lo que es una Constitución para regir, establecer derechos, hacerlos garantizables, regular la relación entre gobernantes y gobernados y sobre todo organizar y vigilar el poder. Es demasiada palabrería. Ese es el primer problema”.
Añade que la propuesta también tiene “problemas severos de lenguaje jurídico”. Con el prurito de respetar el lenguaje de género, abusa del término “toda persona”. Marván observa que “la Constitución de la Ciudad no tiene que regular a la persona como tal, sino a ciudadanos, habitantes, residentes. El derecho de la persona es propio del Código Civil y, en última instancia, así tan genérico sería parte de la Constitución general”.
De igual modo señala el abuso del concepto “Ciudad”, pues se le considera “un sujeto y no el objeto que se va a regular… Se oye retórico y eso es ajeno a toda Constitución”. Además, dice que no queda claro quién es el responsable de ésta: el gobierno central, el jefe de gobierno o las delegaciones.
En cuanto a que la autoridad puede tomar “las medidas que sean necesarias”, como dice el texto enviado por Mancera, “significa darle poder dictatorial, pues la autoridad sólo puede tomar las medidas para las que tiene facultades y tienen que estar expresas”.
Marván Laborde asegura que este proyecto de Constitución ofrece una “concepción muy utópica de la ciudadanía”, pues si bien incorpora derechos que están en tratados internacionales, “siempre la multiplicación de derechos es el mejor camino para que la Constitución se vuelva de palabra y no efectiva”. Agrega que no deja claro cómo se van a garantizar esos derechos ni quién será el responsable de hacerlo.
Asimismo celebra que se incluya el derecho a una sexualidad plena, pero se pregunta: “Y si no la tengo, ¿me voy a amparar ante quién o cómo la voy a reclamar? ¿Cómo se va a hacer efectivo jurídicamente? De eso se trata una Constitución”.
Respecto de las obligaciones del ciudadano, como la de “participación” y la de “ser solidario”, el investigador advierte que “el ciudadano total es muy cercano a los regímenes totalitarios, no a los democráticos”. La primera, dice, es un derecho, y no una obligación. Y sobre la segunda cuestiona: “¿Quién es la autoridad que me va a obligar a ser solidario? Yo tengo todo el derecho a enconcharme en mi vida. Se oye muy bonito, pero también tiene un dejo de autoritarismo”.
Riesgo de inconstitucionalidad
Marván Laborde pone especial énfasis en que el proyecto de Constitución de Mancera sobrepasa mandatos constitucionales, lo cual implica el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “lo eche abajo”.
“Hay temas en que ni la asamblea, ni la propia Constitución de la Ciudad de México ni ninguna otra autoridades tienen competencia. Se nota que no revisaron con cierto rigor las restricciones y características, nos gusten o no, que les impone la Constitución y el Artículo 122”.
Se refiere con ello a “mandatos” como que la capital será la “ciudad para los refugiados”, sobre lo cual aclara: “La migración es facultad federal desde 1908. Qué padre que pusiste que la ciudad puede recibir a mil personas, pero no tienes facultades de política migratoria. ¿Cómo vas a reclamar ese derecho exigido? Es de las cosas que la Corte les va a echar abajo, si acaso se aprueba esto”.
Entre otros, un tema debatible para él, “aunque suene políticamente incorrecto”, es el de los pueblos originarios:
“Se supone que van a tener personalidad jurídica y patrimonio propio, casi propiedad sobre sus tierras y autoridades locales… pero reconstruirlos como una institución de derecho es casi casi regresar a la república de indios de la Colonia. ¿Hasta qué punto, en la regulación y la personalidad jurídica que les está dando la Constitución, los está inventando?”
Agrega que también hay un problema en la relación del jefe de gobierno y el Congreso local, particularmente en caso de que haya gobiernos de coalición:
“Entraron a un sistema dizque parlamentario, en donde pactas quiénes son los secretarios, pero el Congreso puede hacer voto de censura y destituirlos. Como lo plantearon es un falso parlamentarismo; para que eso funcione y el Ejecutivo no sea rehén del Congreso, se requiere que en un momento determinado el jefe de gobierno pueda disolver el Congreso. Así funciona cualquier sistema parlamentario; hay equilibrio de poderes y no se agreden permanentemente”.
El responsable es Mancera
No obstante su acerba crítica, para Marván el proyecto mancerista también tiene aspectos positivos para la Ciudad de México, como la “reorganización” del Poder Judicial, la posibilidad de que haya varios plenos en vez de uno solo, la integración de un Consejo Judicial Ciudadano y la autonomía del Consejo de la Judicatura local.
Especial atención merece la independencia de la Fiscalía General de Justicia –que supliría a la Procuraduría General–, salvo la paradoja de que “le quitan el monopolio de la acción penal al titular del Ejecutivo, pero los alcaldes sí van a tener coadyuvancia y más injerencia con la fiscalía. Es un problema de diseño”.
En general, para el autor del libro ¿Cómo hicieron la Constitución de 1917?, en proceso de publicación, los integrantes de la Asamblea Constituyente deben revisar “hasta qué punto esta Constitución se vuelve letra muerta o nos mete en más problemas de los que nos quieran sacar. Es un texto garantista, pero hay que revisar con el mismo tamiz todos los derechos que se establecen y cuáles efectivamente se pueden garantizar y pueden ser reclamados o cubiertos con políticas públicas”.
En general, explica, la propuesta de Mancera es lo que en América Latina se conoce como una “constitución aspiracional”, que carece de lenguaje jurídico y un mínimo matiz de viabilidad: “Una cosa es que tengas aspiraciones y quieras caminar hacia allá y otra es que eso se vuelva derecho positivo”.
