El abogado fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona, informó que en forma reciente, se expidió la legislación referente a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada el pasado 27 de mayo de 2015, vivificando así al Sistema Nacional Anticorrupción.
El pasado 18 de Julio del 2016, dijo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la legislación relativa al Sistema Nacional Anticorrupción, misma que contempla modificaciones al Código Penal Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
La emisión de la nueva Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pretende erradicar la corrupción en México, quedando pendiente la reglamentación respectiva.
Se trata, explicó, de una exigencia ciudadana que servirá como una instancia de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y sentará las bases para la prevención de actos de corrupción, sanción de faltas administrativas y la fiscalización de recursos públicos, a través de diversos métodos e instancias establecidos en dichas legislaciones, buscando eliminar un gran problema que se vive en el país”.
Agregó que dicho sistema contará permanentemente con un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos, quienes deberán destacar por su contribución en la promoción de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y ser nombrados por el Senado de la República.
Pickett Corona, puntualizó: “Espero que con el nombramiento del Senado de la República no se politice el Sistema Nacional Anticorrupción, y verdaderamente sirva para erradicar un grave problema en el país”.
Para concluir, detalló que dentro de los puntos más destacados, el nuevo Sistema contemplará una Plataforma Digital Nacional para dar seguimiento a las declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos; (mejor conocidas como Declaración 3 de 3) a los funcionarios que intervengan en licitaciones y concursos; aquellos que han sido sancionados y a todo aquel que sea electo por elección popular.
