CIUDAD DE MÉXICO — Uno de los enunciados de la “ley de la frontera” entre Estados Unidos y México dice que la droga viaja hacia el norte y el dinero hacia el sur. Pero, en el caso de la marihuana, esa verdad inmutable se está resquebrajando.
California, Nevada, Maine y Massachusetts votaron el martes la legalización del uso recreativo del cannabis. Con estos cuatro nuevos miembros son ocho los estados de Estados Unidos —más Washington, D. C.— que han regulado el consumo de la droga ilegal más popular del país (y más de la mitad su uso medicinal). Al norte de la frontera, el gran consumidor del continente está creando una industria para abastecer su enorme demanda; en México, el mayor productor de marihuana del continente, la planta se persigue sistemáticamente y continúa en manos de los traficantes.
Según un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2012, durante la primera ola legalizadora en Estados Unidos —Washington, Alaska y Oregón—, los carteles ganan más de dos mil millones de dólares al año con las exportaciones de marihuana hacia Estados Unidos, su segunda fuente de ingresos en el vecino del norte, detrás de la cocaína. El producto mexicano, de menor calidad pero con precios más competitivos, representa entre el 40 y el 67 por ciento del mercado en Estados Unidos.
Medir en números el impacto que este nuevo amanecer con más cannabis legal puede tener en un negocio clandestino es complicado, pero el informe del IMCO concluía que “perder esa fuente de ingresos sería el cambio más estructural en el narcotráfico desde la llegada masiva de la cocaína” entre finales de los 80 y principios de los 90.
California, uno de los cuatro estados que limitan con México, el más poblado y rico del país, se ha convertido en el gran game changer, como lo define Beau Kilmer, codirector de políticas de drogas del centro de estudios RAND: “La prohibición a nivel federal sigue creando muchos problemas, pero la votación ahí es un gran avance, generará mucha presión a nivel interno y externo”.
Hace 20 años California fue el primer estado que aprobó el uso medicinal de la marihuana. Ahora se ha convertido en el símbolo de quienes sostienen, como Armando Gudino, responsable de políticas públicas en California de Drug Policy Alliance, que “la gente está cansada de una guerra que lo único que ha traído es el encarcelamiento de 1,5 millones de personas al año, sobre todo de jóvenes latinos y afroamericanos”.
La onda expansiva californiana, coinciden los expertos, llegará a México amplificada, además, si Canadá aprueba en 2017 una regulación nacional. El cómo y el cuándo se desconoce.
“Esto va a poner muchísima presión porque le va a hacer evidente al ciudadano común que en México estamos persiguiendo una sustancia a toda costa, incluso a costa de la vida humana, que una vez cruzando la frontera va a ser perfectamente legal. Nos pone en una contradicción evidente pero el gobierno mexicano vive en la contradicción de forma natural”, dice Lisa Sánchez, directora del programa de política de drogas de México Unido contra la Delincuencia.
Aún bajo un régimen de total prohibición, en México el tráfico de drogas se administró más que se combatió hasta que la guerra estalló en 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón. En un país azotado por la violencia (150.000 muertos y 28.000 desaparecidos en una década de Guerra contra el Narcotráfico), la postura del gobierno presidido por Enrique Peña Nieto ha sido muy continuista.
Peña Nieto apoyó de manera genérica el uso de la marihuana medicinal el pasado abril durante la celebración de la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre política de drogas (UNGASS por su sigla en inglés), pero no especificó si implementaría ese apoyo ni cómo lo haría.
En el senado se debate levantar la prohibición a la importación de medicamentos derivados del cannabis y el aumento de la cantidad de marihuana que una persona puede poseer sin que se considere delito (actualmente de 5 gramos).
“Los políticos dirán sí a la marihuana medicinal, pero no a la de ‘doña Chole’, solo si el medicamento viene de las farmacéuticas canadienses que cabildean en el congreso. Ese sería el más terrible de los escenarios”, dice Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
“En total se han presentado 16 iniciativas y ninguna ha pasado”, añade Pérez Correa, que este año publicó un estudio en cárceles federales que concluye que el 60 por ciento de los presos por delitos de drogas están en prisión por posesión de marihuana. La investigadora advierte que si la marihuana viaja menos hacia el norte se quedará en México, aumentará la oferta local, bajará el precio y subirá el consumo entre los mexicanos.
“Lo ideal sería legalizar, pero si no al menos México debería hacer la vista gorda, el equivalente al don´t ask, don´t tell que ha seguido Obama en los estados que han legalizado. Lo que es absurdo es la guerra de Calderón-Peña, que sigamos sacrificando vidas y recursos en quemar sembradíos y poner retenes cuando cruzando la frontera del estado más importante de la Unión Americana la marihuana es legal”, dice Jorge Castañeda, intelectual y exsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Vicente Fox.
A diferencia de Estados Unidos, en México los mayores cambios se han producido en los tribunales. El año pasado un juez concedió un amparo a los padres de Grace, una niña que sufre el síndrome Lennox-Gastaut, para que pudieran importar aceite derivado del cannabis prohibido en México. Los padres habían probado todo tipo de medicamentos para que su hija dejara de tener hasta 400 convulsiones epilépticas al día.
Unos meses después la Suprema Corte de Justicia también amparó a los integrantes del colectivo SMART, que pedían autocultivo y consumo de la marihuana. La sentencia indicaba que los artículos de la Ley General de Salud impugnados por los querellantes ocasionaban “una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación al grado mínimo de protección a la salud y al orden público”. Otros tres amparos colectivos siguen actualmente ese camino.
Ahora, bajo el abrigo de la regulación en California, varias organizaciones civiles lanzarán una iniciativa ciudadana para que la marihuana en México salga de la clandestinidad.
“Estados Unidos ha avanzado porque se ha hecho mucha presión desde abajo y aquí tenemos que hacer lo mismo”, dice Zara Snapp, consultora sobre política de drogas y autora del Diccionario de Drogas. El objetivo de la propuesta es reunir 120.000 firmas para llevarla al senado. “La idea es otorgar diferentes clases de permisos y privilegiar a los pequeños y medianos productores. Por otro lado, habrá inversores mexicanos interesados en un nuevo mercado. También habrá un fondo de reparación para pacientes, usuarios y las víctimas de la militarización”, explica Snapp.
Con los cambios votados en Estados Unidos, una quinta parte del país vivirá en estados en donde es legal el uso recreativo de la marihuana. Para Alejandro Hope, analista en seguridad, el Sí en California es el principio de un proceso de largo plazo que acabará con la regulación también en México, aunque después de sortear varios obstáculos sobre cómo deben funcionar esos mercados.
“La experiencia con la marihuana en México sigue siendo un fenómeno marginal. La opinión pública es muy adversa y la regulación no tiene mucha tracción política, tanto porque hay mucha desconfianza en la capacidad regulatoria del Estado como porque buena parte de las consecuencias del crimen no están asociadas a la marihuana”.
Otro de los apartados de la “ley de la frontera” dice que Estados Unidos pone los consumidores y México las drogas y los muertos. En este caso, el impacto del cannabis no debería afectar esa regla: al sur de la frontera, la marihuana es una de las muchas fuentes de financiación de los carteles mexicanos, que desde hace años se han diversificado más allá del tráfico de drogas. Las organizaciones también lucran de la extorsión, el secuestro, el tráfico de recursos naturales o la trata de personas.
“No podemos minimizar el impacto positivo ni tampoco exagerar los beneficios. La regulación de la marihuana no solucionaría el problema de la financiación del crimen, pero sí solucionaría las leyes de drogas”, dice Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia.
En México, explica, la leyes “se hicieron para ser duros con el crimen pero agarrando a esos eslabones más débiles que siempre se reponen. Se pensó que eso acabaría con la inseguridad y hoy la percepción de inseguridad es mayor que hace diez años. Le debemos justicia a mucha gente”.
