La provincia canadiense de Quebec aprobó una amplia prohibición de los velos islámicos, impidiendo que los trabajadores públicos usen el niqab o burka y obligando a los ciudadanos a desvelar cuando viajan en transporte público o recibiendo servicios del gobierno, introduciendo una ley que se cree es la primera de este tipo en Norteamérica.
La legislación fue adoptada el miércoles, culminando dos años de trabajo del gobierno liberal de la provincia para abordar el tema de la neutralidad del estado. La ley resultante ha sido criticada por los que dicen que ataca deliberadamente a mujeres musulmanas y alimentará el debate a fuego lento de la provincia sobre la identidad, la religión y la tolerancia.
“Este es un proyecto de ley que establece claramente la neutralidad del estado”, dijo esta semana la ministra de Justicia de Quebec, Stéphanie Vallée, a la Canadian Broadcasting Corporation.
La ley estaba originalmente destinada a prohibir los revestimientos para quienes ofrecen o reciben servicios de los departamentos gubernamentales y las instituciones financiadas por las provincias, como las universidades.
En agosto, la legislación se extendió para aplicarse a los municipios, juntas escolares, servicios de salud pública y autoridades de tránsito, lo que plantea la posibilidad de que las mujeres que llevan un niqab o burqa en Quebec no puedan tomar el metro o viajar en el autobús urbano. “Mientras se preste el servicio, se debe descubrir la cara”, dijo Vallée cuando se le preguntó.
La legislación estipula que se pueden hacer excepciones para quienes brindan cuidado espiritual o instrucción religiosa, así como para quienes se ven obligados a cubrirse los rostros debido a las condiciones de trabajo o los riesgos laborales.
En medio de una gran confusión acerca de cómo se aplicaría la nueva ley y de quién afectaría, Vallée dijo que la provincia ahora trabajará con municipios, escuelas y guarderías públicas para establecer pautas claras.
El gobierno liberal ha argumentado durante mucho tiempo que la legislación -que no menciona específicamente el niqab o el burka- aborda la seguridad pública, señalando que también se aplicaría a los manifestantes enmascarados.
“No legislamos sobre la ropa”, dijo Vallée el año pasado. “Los servicios públicos deben ofrecerse y recibirse con la cara descubierta por motivos de seguridad, identificación y comunicación”.
Con información de The Guardian
