Reality Winner enfrenta una condena de 10 años por filtración

 

Reality Winner, la mujer que supuestamente filtró información confidencial sobre la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, podría enfrentar hasta 10 años de prisión si la administración Trump prosigue con los cargos que indican que violó la Ley de Espionaje.

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La joven de 25 años supuestamente filtró documentos que revelan que los agentes de inteligencia rusos hackearon un fabricante de sistemas de votación de Estados Unidos en las semanas inmediatamente anteriores a las elecciones presidenciales de 2016.

El gobierno dijo que Winner admitió el cargo en una conversación con el FBI el 3 de junio, pero los abogados han advertido que no puede ser visto como una admisión definitiva de culpabilidad, porque la información está siendo transmitida por el gobierno.

En la demanda penal contra Winner, el departamento de justicia dijo que la estaba acusando bajo la Ley de Espionaje, siguiendo el modelo usado agresivamente por Barack Obama en los intentos de su administración de detener a los filtradores.

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La denuncia dice que “filtró inapropiadamente los informes confidenciales de inteligencia, que contenían información clasificada de la defensa nacional”. Un solo cargo bajo la Ley de Espionaje podría atraer una condena de 10 años, pero la acusación formal del gobierno mostrará los cargos finales contra ella.

Bajo la administración de Obama, el gobierno de Estados Unidos expandió su uso de la Ley de Espionaje, procesando más fuentes gubernamentales por fugas que todas las administraciones anteriores combinadas.

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“Sería profundamente problemático si esta acusación marca el inicio de una represión de la administración de Trump contra fugas a la prensa”, dijo Hina Shamsi, directora del proyecto de seguridad nacional de la ACLU, a The Guardian.

Los defensores de la libertad de expresión, incluyendo a la ACLU, dijeron que el uso de la Ley de Espionaje para enjuiciar a Winter podría ser una escalofriante salva inicial en la potencial guerra del nuevo gobierno contra los denunciantes.

Con información de The Guardian