CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía de San Diego, California, informó que una red conformada por 21 empresarios y políticos, entre ellos el regidor panista con licencia Luis Torres Santillán, lavó diez millones de dólares en un periodo de dos años.
De acuerdo con información publicada por el diario ZETA, a las 8:30 de este martes, Torres se presentó ante el juez David J. Danielsen –en la Corte Superior de San Diego– junto con David Javier Espinosa, casacambista en Tijuana, y la esposa de éste, Claudia Ramírez, acusados de lavado de dinero.
Entre los asistentes se encontraban el hermano, esposa y padre del regidor tijuanense, representado por el abogado Anthony Colombo, quien pidió que la fianza para el miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), fijada en 5 millones de dólares por la Fiscalía, se redujera a 250 mil dólares, ya que su cliente no cuenta con antecedentes penales, es ciudadano estadunidense y tiene familiares con residencia en Estados Unidos.
Además, citó al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, quien al ser entrevistado por la prensa después de la detención del regidor, describió a Torres Santillán como “un joven extraordinario”.
Si bien la Fiscalía asegura que Torres Santillán realizó 18 depósitos bancarios que suman 670 mil dólares, entre julio de 2015 y julio de 2016, su representante legal argumentó ante el juez que se trata del dinero que pagaba a proveedores de su empresa de venta de granos.
Aseguró que se trata “de dinero producto de un negocio legítimo, de distribución de arroz y frijoles que transportó a Estados Unidos para depositarlo en cuentas bancarias y pagarlo a sus proveedores en China, Canadá y Estados Unidos”.
No obstante, el fiscal John Dunn aseguró que cuentan con documentos que demuestran la procedencia ilícita de este dinero, pero finalmente determinó reducir la fianza a 300 mil dólares –que hasta este momento no ha sido depositada–, por lo que el regidor con licencia continúa encarcelado.
Posteriormente los tres acusados se trasladaron a una segunda audiencia, donde fueron reunidos 13 de los acusados de formar parte de una red de lavado de dinero. Entre ellos, se encontraban la esposa y el hijo del expresidente de Coparmex en Tijuana, Jorge Escalante.
A Karla Escalante y Jorge Escalante, junto con la acusada Liza Ampudia, se les fijó una fianza desde el 21 de diciembre, por lo que en esta audiencia no permanecieron detenidos.
Con más de una hora de retraso dio inicio la audiencia de vinculación a proceso a cargo del juez Rouston Maino, después de que cada uno de los acusados habló con su respectivo abogado.
El juez explicó que esta investigación penal “no es un caso típico y es muy complicada, con horas de grabaciones de audio y miles de páginas de evidencia”, por lo que aplazó la audiencia para todos los acusados hasta el jueves 9 de febrero.
Sobre la red de lavado de dinero, investigada entre octubre de 2014 y julio de 2016, el fiscal John Dunn adelantó que cada uno de los integrantes participó en el traslado de dinero en efectivo de Tijuana a San Diego, así como en realizar depósitos bancarios en California.
