CIUDAD DE MÉXICO.-De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 21.6% de los trabajadores subordinados en actividades de gobierno tiene una jornada laboral superior a las 48 horas, es decir, más del límite legal.
La Constitución Política regula las relaciones laborales en el artículo 123 a través de dos apartados: el A (empleados de la iniciativa privada) y el B (trabajadores en el sector público).
Actualmente, la jornada laboral tiene el mismo límite para ambos universos: Jornada diaria de máximo ocho horas y el derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo.
La reforma que se analiza en la Cámara de Diputados sólo modificaría el apartado A para reconocer dos días de descanso por cada cinco de trabajo, lo que implicaría una disminución de 48 a 40 horas semanales en el límite legal.
En caso de aprobarse en los términos actuales, legalmente los burócratas tendrían una jornada superior a la de los empleados de la iniciativa privada.
Para Manuel Fuentes, abogado laboralista y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el sector público es más común encontrar personas con jornadas más cortas que en el sector privado, pero esto se debe a las bajas compensaciones que tienen algunos trabajadores sindicalizados.
Sin embargo, en el sector público las jornadas laborales pueden ser o muy reducidas o muy largas. “En el gobierno hay mucha simulación laboral y sustituyen a trabajadores sindicalizados por trabajadores por honorarios o con contratos mercantiles, y esto hace que lleguen a laborar jornadas de 12 horas”, expone el especialista.
Según los datos del Inegi, de los poco más de 5 millones de servidores públicos, sólo 19.1% se concentra en el gobierno federal, esa proporción es duplicada por los gobiernos estatales (45.7%), un 17.7% está empleado en gobiernos municipales, y el resto se distribuye en instituciones de seguridad social y empresas del Estado.
En este sentido, explica Manuel Fuentes, incorporar en la reforma a los trabajadores del sector público implica un reto adicional, porque se deben modificar todas las legislaciones locales que regulan las relaciones laborales de los servidores públicos.
Como muestra de esto, La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, establece que los servidores públicos en la entidad tienen derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo. La misma regulación se encuentra en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.
La de la jornada laboral no es la única reforma que se impulsa sin incluir a los servidores públicos, la regulación del teletrabajo y el incremento en los días de vacaciones también fueron avances que se dieron sin contemplar a los burócratas, aunque en esta última prestación, los trabajadores del Estado ya gozaban de un período anual de vacaciones de 20 días.
