Baja California

Registro Público de la Propiedad, otro foco de corrupción del gobierno de BC

Son muchas las corruptelas con las que sus directores se han enriquecido y con las que se financian campañas electorales del panismo

Archivo/PSN.SI

Tijuana, BC.- Lejos de su aparente sistematización, el Registro Público de la Propiedad es una cueva de Alí Babá donde lo mismo se condonan impuestos a cambio de una iguala, mientras que los terrenos cambian de mano milagrosamente.

Detrás de la aparente neutralidad del Registro Público de la Propiedad de Baja California, trabaja una maquinaria: la prescripción de propiedades, la condonación de impuestos a cambio de diversas cantidades, entre otras corruptelas con las que sus directores se han enriquecido y con las que se financian campañas electorales del panismo.

Exención, obviamente ilegal, del Impuesto Sobre la Renta, inscripción de gravámenes, certificados de no propiedad, traslación de dominio, todos absolutamente todos los trámites en la dependencia tienen una cuota.

Aunque sus directores lo presenten como una dependencia de alta rigurosidad sistemática, en que imperan el respeto a la propiedad y la legalidad, la realidad es otra. La corrupción en el Registro Público de la Propiedad está tan sistematizada que es incluso de las dependencias que patrocinan campañas electorales, junto con la CESPT y otras.

 

 

De ahí se han enriquecido sus ex titulares como  Ricardo Magaña quien registró contratos en la zona del Monumento de Playas de Tijuana a razón de 20 mil dólares cada uno. Así se fondeó para comprar camionetas Astro por un total de 60 mil dólares en un remate de San Diego.

 

Caso destacado es el de Miguel Angel Rodríguez, quien así forjó su fortuna personal, al punto en que incluso hizo operaciones de compraventa de terrenos en Ciudad Juárez con otro magnate de las propiedades mal habidas, alguien que responde al nombre de Francisco Vega de Lamadrid.
El modus operandi depende del trámite.

 

El pago del Impuesto sobre la Renta puede eliminarse mediante lo que se conoce como una sentencia pelona o acuerdos con los notarios públicos amafiados.

 

A razón de 20 mil pesos al 2 por ciento por cada millón de pesos en que se evalúa una propiedad, este gravamen puede manejarse en ceros, siempre y cuando a los funcionarios se les entregue la mitad de los derechos.

 

La alquimia se lleva a cabo en el departamento de fotocopiado donde se entregan escrituras, oficio original de la sentencia y el plano certificado por catastro. Se digitalizan, se suben al sistema y se solicita una copia certificada.

 

Para evitar cumplir con la traslación de dominio, se cobra la mitad de la cantidad a cubrir.
Un certificado de no propiedad se cobra en 500 dólares a fin de gestionar créditos bancarios.

 

 

Todas estas irregularidades, bien detalladas gracias a la información recibida, benefician a las grandes desarrolladoras, por lo que no es casual que sus fraccionamientos adolezcan de serias deficiencias y hasta de lagunas que repercuten en sus compradores.

 

 

No en vano figuras como el alcalde Juan Manuel Gastélum fue director de esta dependencia, de donde salió con la idea de ser notario público pues sabe cómo trabaja.

 

 

El común denominador de todos los titulares de la dependencia, Ricardo Magaña, Miguel Angel Rodríguez, Juan Manuel Gastélum Buenrostro,  Antonio Araiza, Antonio Moran y otros es la corrupción.

 

 

Aunque evidentemente director y delegados del Registro Público de la Propiedad negarán estos hechos, cabe destacar que empleados y ex empleados de la dependencia proporcionaron información y documentos con que se sustentarán nuevos reportajes.

 

Con información de Juan Arturo Salinas

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