Baja California

Reiteran que Tijuana no está preparada para la deportación de criminales

“La amenaza de deportación masiva de millones de indocumentados que están en Estados Unidos y que al final de cuentas muchos de ellos que vienen con antecedentes penales por homicidios por narcotráfico por asalto a mano armada y que nos van a arrojar acá siento que el gobierno de los tres órdenes debería estar ya planeando una estrategia como van a recibir ese tema porque es un tema que hay que preocuparnos por ello” aseveró el presidente de los comerciantes turísticos de la avenida Revolución, Julián Palombo.

Como se informó, sujetos entrenados en el manejo de armas de alto poder que no tienen ni las fuerzas armadas de México, miles de pandilleros de origen mexicoamericano serán deportados por el gobierno de Donald Trump a territorio nacional, y nada hace pensar que no disparen el de por sí elevado índice de violencia que vive Tijuana, la cual no está preparada para recibir esta oleada de expulsados.

Víctor Clark, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, explica que “los contratan como sicarios cuando están altamente preparados, o como cocineros expertos en la preparación de la metanfetamina, aunque los cocineros de hoy ya son químicos egresados de las universidades. Si bien no contraten a todos, hay una oferta de empleo que tiene que ver con la división del trabajo al interior del crimen organizado los contratan como banderas estacas correos que llevan droga y mensajes.

A principios del 2000, en Tijuana se registraron casos inusuales de policías asesinados por gatilleros del Barrio Logan contratados por cárteles como el de los hermanos Arellano para operar de este lado de la frontera, lo que demuestra que Tijuana no está preparada para recibir este perfil de deportados.

“Como ciudad y como estado no, pero hay un sector de la población que es la economía informal vinculada al crimen organizado que está preparado para recibirlos ellos si los esperan porque ya vienen entrenados y preparados y como el sector formal pocas oportunidades les ofrecen por su condición estigmatizado desde el momento por la forma que hablan se comportan este sector de la economía que necesita de esa mano de obra barata y desechable” indica.

Aunque en California engrosaron las filas de pandillas rivales, en Tijuana y otras ciudades a las que han sido expulsados no se enfrentan, lo que evita que nuestras fronteras se conviertan en escenario de sus matanzas.

“Allá eran enemigos pero por su condición de supervivencia no tienen esas rivalidades.. aquí hay nortenos, surenos maras mareros ms hay barrio 13 barrio 18 todos esos grupos cuando llegan aquí no se enfrentan como se da en el escenario del lado norteamericano por solidaridad…se ven sin futuro en la ciudad”, precisa el titular del Centro Binacional de Derechos Humanos.

Por su parte, la inminente deportación miles de migrantes con antecedentes penales por parte del gobierno de los Estados Unidos las ciudades fronterizas se verán impactadas por lo que las estrategias de seguridad serán reforzadas

“Estaremos atentos ya que antes de deportarlos las autoridades norteamericanas avisan al instituto nacional de migración sobre los que migrantes que han delinquido en Estados Unidos,por lo que se verificara que no cuenten con cuentas pendientes en nuestro país, tendremos que estar muy atentos, aseguro el alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastelum Buenrostro.

La autoridad tendrá que redefinir su estrategia de seguridad en busca de que no se incrementen los índices delictivos en la ciudad como ha sucedido en pasadas deportaciones masivas.

Se han pasado instrucciones al secretario de seguridad para que se verifiquen los perfiles de los deportados para que no se repita lo de anteriores ocasiones sucedió donde los delincuentes andaban de taxistas, por lo que estaremos verificando los perfiles , por otra parte buscaremos trasladar de forma inmediata a los connacionales a su lugares de origen.sentencio Juan Manuel Gastelum primer edil de Tijuana.

Las deportaciones vendrán a poner de nueva cuenta a prueba la capacidad de la autoridad para integrar a deportados a la actividad social y económica de la ciudad.

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