Sin mayores logros en la dependencia, luego de 6 meses sale Juan Manuel Sánchez Rosales y en su lugar entra José Alejandro Avilés Amezcua
El relevo del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana no fue intempestivo pues desde la semana pasada hubo guiños y señales en torno al tema, aunque al final del día no fue nombrado el relevo que aspiraba a ocupar dicha posición.
Sin mayores logros en la dependencia, luego de 6 meses sale Juan Manuel Sánchez Rosales y en su lugar entra José Alejandro Avilés Amezcua, quien según su propio curriculum cuenta con una amplia trayectoria en el rubro de la seguridad.
Nombrado el 7 de octubre, Sánchez Rosales llegó con el aval del gobierno del estado y encontró una ciudad con muchos compromisos en materia de seguridad.
Entre Sánchez te veas, pues Juan Manuel tuvo que encargarse de la dependencia que durante el gobierno de Montserrat Caballero encabezó su antecesor, Fernando Sánchez, le dejó una papa caliente pues los pactos con grupos delictivos enturbiaron a la corporación policiaca, al grado que la ex alcaldesa tuvo que refugiarse en el cuartel militar.
Sin embargo no parece casual que apenas la semana pasada el teniente coronel Julián Leyzaola fue exonerado por los delitos de tortura, y recordemos que tras las elecciones del pasado 2024, el ex militar fue presentado como el secretario de Seguridad, cargo que finalmente no le fue conferido.
Hoy la interrogante será si Leyzaola Pérez jugará algún papel en la secretaría de Seguridad, como asesor tal cual lo han presentado, o buscará una mayor influencia en la dependencia.
Si en un área de gobierno de una ciudad no puede haber rutas alternas ni discrepancias, es precisamente en materia de seguridad pues de ello depende la coordinación con las secretarías del ramo a nivel estatal y federal.
Y aquí hay que destacar que Tijuana es precisamente una de las urbes con mayores problemas en la materia ya que sigue siendo escenario de enfrentamiento entre grupos criminales que se disputan la plaza, con saldos que rondan las 2 mil ejecuciones anuales.
Corresponde a los titulares de los gobiernos municipal y estatal, hacer frente común en un tema tan delicado que afecta a los ciudadanos, inhibe inversiones, provoca el cierre de establecimientos comerciales y sobre todo, cobra vidas de inocentes que muchas veces pagan los platos rotos.
