Retornados: Historias de Estados Unidos que aterrizan en la Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cada lunes, martes y jueves por la mañana aterriza en esta capital un avión con alrededor de 130 retornados a bordo; tan solo en enero pasado, mil 210 mexicanos fueron deportados vía aérea de Estados Unidos; 97% eran hombres.

En las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les otorgan un certificado de repatriación, una bolsa de plástico con comida, así como otra con productos básicos de higiene y agujetas, pues las autoridades estadunidenses se las quitan. Además, trabajadores de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) les proporciona 50 pesos.

El pasado jueves 9, la mayor parte de los migrantes partió de inmediato en autobuses a sus estados de origen. Un grupo de 15 personas, encabezado por un trabajador del OIM, se dirigió hacia la central de autobuses Poniente.

En la terminal 2 del Aeropuerto, 17 migrantes pasaron a cuentagotas la puerta N, distinta a la que usan los demás viajeros. Pocos tenían maletas formales. En su lugar llevaban su ropa y demás escasas pertenencias en costales de malla de plástico roja, parecidos a los que se emplean para transportar papas.

A escasos metros los esperaban dos funcionarias de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo capitalina (STyFE) del gobierno capitalino, quienes les informaron sobre el Seguro de Desempleo. A excepción de una mujer con su bebé en los brazos, quien corrió hacia su esposo cuando éste pasó la puerta, nadie esperaba a los retornados.

Pablo Romero salió con un paso rápido, platicó un momento con las funcionarias y buscó ansiosamente una forma de conectarse a Internet: desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieron, el pasado 15 de febrero, su esposa –ciudadana de Estados Unidos– no sabía nada de él.

El cuarentenal “Evangelista de calle”, como se definió, llevaba una bolsita con sus escasas prendas de ropa interior. Las autoridades estadunidenses se quedaron con su teléfono celular y su biblia, lamentó.

El hombre denunció los malos tratos que le aplicaron agentes del ICE durante su estancia en el centro migratorio: estuvo esposado de los pies, las manos y el cinturón y sufrió violencia psicológica. “Muchos lloraban en la prisión”, recordó.

El próximo paso, explicó a Apro, consiste en contratar un abogado para volver a Estados Unidos, aunque reconoció que la situación empeorará con la administración del presidente Donald Trump.

“Lo deplorable es que los mexicano-americanos están de acuerdo con lo que está pasando allá”, subrayó.

Con sus 25 años, 23 de los cuales pasó en Tacoma, Washington, Miguel Ángel Radilla pasó la puerta con una amplia sonrisa. Tras dos meses de encierro, el joven, nacido en Guerrero, dijo a este semanario que se sentía “libre” y “alegre” de andar fuera de la prisión.

-¿Qué va a hacer? ¿Sabe a dónde ir?

-Voy a un hotel, ¿Sabes dónde hay uno por aquí?” respondió, visiblemente desubicado.

El joven no planea quedarse mucho tiempo en México. Piensa cruzar la frontera norte en los próximos días y regresar a su casa. Por lo pronto, tenía planes distintos: de su bolsillo sacó unos sobres de condones, levantó la mirada y exclamó, en una carcajada: “Ahorita party”.

 

“Nos voltean a ver”

“Con la llegada de (Donald) Trump a la Presidencia de Estados Unidos, lo nuevo es que nos voltean a ver”, sostiene Ana Laura López, activista mexicana deportada de Estados Unidos el pasado 30 de septiembre.

La fundadora de la organización Deportados Unidos en la Lucha (DUL) lamenta la tardanza del gobierno mexicano en reaccionar. Estima que “si nos hubieran prestado atención antes, quizás hubieran implementado un verdadero programa para los retornados. Ahora México está en una situación complicada y el gobierno no estaba preparado”.

De visita en Washington el pasado jueves 9, donde se reunió con asesores de Trump, el canciller Luis Videgaray Caso expresó la preocupación del gobierno ante las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y la separación de familias derivadas de los anuncios del magnate.

Para los 15 integrantes de DUL, la separación familiar y los abusos de la autoridad migratoria ya eran una realidad antes de las políticas y discursos antimigrantes del presidente estadunidense: formaron parte del millón tres mil 391 mexicanos deportados durante el segundo mandato de la administración de Barack Obama. Sus hijos permanecieron en Estados Unidos.

“Es una situación que se veía venir y siento que los gobiernos de México se quedaron durante años haciéndose como si no pasara nada. Estaba ahí cocinándose, las deportaciones no son nada nuevo”, insiste López.

Los integrantes de la organización, al igual que miles de retornados, quisieran pelear sus casos por la vía legal para volver a Estados Unidos, pero carecen de dinero y del conocimiento jurídico para abrir un juicio en las cortes del país vecino.

Por ello necesitan servicios de asesoría legal. “No venimos a pedir dinero al gobierno, lo único que pedimos es el apoyo en la asesoría jurídica. Mi caso tiene muchas posibilidades legales, el problema es que no tengo dinero para pagar un abogado”, insiste López.

Advierte que se avecinan peores tiempos para los migrantes en Estados Unidos, ya que en la administración de Trump, los agentes del multiplicarán los abusos contra los migrantes.

“El ICE siempre ha tratado las personas de lo peor. Ahora se sienten más fortalecidos, más respaldados por el presidente que les está dando puerta abierta para que actúen como tienen las ganas e impunemente”.

 

“Estás en shock”

Según la activista Ana Laura López, al repartir en distintas instituciones los trámites burocráticos que deben hacer los retornados, el gobierno mexicano dificulta su reintegración a la sociedad mexicana que, para muchos, es prácticamente desconocida.

El INM, a través del programa “Somos Mexicanos” ofrece el “mapa que hay que seguir, de burocracia y de papeleo”, dice, pero asevera que es necesario “crear una institución que agilice y centralice la obtención de todos los documentos…Uno no quiere escuchar lo que te dicen aquí”, insiste la activista, y afirma que un deportado tiene que superar primero una depresión.

Explica: “Estás en shock. No sabes cómo la vida que construiste se acabó, porque no estamos hablando de uno o dos meses, son 25 años en un lugar donde tú tienes una vida, tu casa, tus cosas. Llegas avergonzado por el trato que te dio el ICE, te quieres esconder de todo el mundo: comer, bañarte, dormir y no saber nada. Después de eso te encierras a llorar durante semanas. Yo tardé tres semanas en decir a mi familia que estaba deportada. Luego volteas a ver lo que hay, trabajo o algo”.

-¿Y qué es lo que hay?, se le pregunta.

-Pues no mucho. No mucho. Por eso muchos llegan y dicen “Yo voy de regreso”.

Los retornados pueden proponer proyectos para recibir 25 mil pesos del Fondo de Apoyo a los Migrantes (FAM) aunque, según Ana Laura López, los recursos para 2017 ya se agotaron y no será sino hasta finales del año que habrá presupuesto disponible.

Quienes se instalan en la Ciudad de México tienen derecho a los dos mil 264 pesos del Seguro de Desempleo durante los primeros seis meses, pero “los que están fuera de la ciudad no tiene acceso a todos los beneficios”, dice, “por esto es necesario que los programas para repatriados sean a nivel federal”.

Los miembros de la organización se conocieron durante la entrega simbólica del Seguro de Desempleo a migrantes retornados, que se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre en el Museo Franz Mayer, ubicado a un costado de la Alameda Central de la Ciudad de México.

Desde ese día, se reúnen cada martes a las 5:30 de la tarde en su “oficina”: una pequeña plaza pegada al museo.

Ahí, planean sus acciones para los retornados y los avances logrados en la semana anterior. “Es una forma de mostrar que estamos luchando por nuestras familias, por una causa justa, que no nos quedamos con esta resignación y con este dolor”, subraya López. También platican de sus casos personales: “Nos ha servido mucho de terapia”.

Por mientras, tratan de ayudar a los demás retornados y piensan cómo salir adelante en su nueva vida mexicana. “Tenemos el proyecto de poner una cooperativa, de fabricar playeras”, dice.

 

“Échale ganas, papá”

Alejandro Ochoa nunca pudo abrazar a su hijo Alexander. “El más chiquito de mis hijos tiene un año tres meses, va a cumplir cuatro el 20 de marzo. Comunicamos por (videollamada), es el único medio por el que lo conozco, y como él no habla, pues me imagino que me contesta en su idioma, verdad, que me dice ‘échale ganas, papá’, en su idioma de él”, dice a Apro.

La madrugada del 25 de marzo de 2015, agentes de Migración irrumpieron en su casa, ubicada en la periferia de Nueva York. Sin tomar en consideración los llantos y gritos de sus dos hijos, ni las suplicas de su pareja embarazada, los agentes agarraron algunas cosas, ordenaron al hombre vestirse con la ropa de su hijo de 14 años –la cual no le quedó– y se lo llevaron.

El 6 de junio siguiente, después de tres audiciones en cortes, Alejandro fue deportado por no tener licencia de conducir. “Pensaba que me iba a beneficiar un poco de mis hijos, porque eran jóvenes y habían nacido allá, o por mi esposa embarazada, pero no”, recuerda.

En dos ocasiones intentó cruzar la frontera de nuevo y en ambas estuvo a punto de perder la vida. La primera vez, el grupo con el que caminaba lo abandonó, junto con un señor de edad avanzada que sufría de hipertensión. Llegó un momento en que el hombre ya no pudo caminar y le ordenó seguir sólo. Sin agua ni comida, Ochoa erró durante cuatro días en los montes. Se desmayó.

“Trato de levantarme y veo un carro, era la patrulla de Migración. Trato de correr y vuelvo a caer. Me levanto otra vez y vuelvo a caer. Ya no tenía fuerzas”, rememora. Pasó 25 días en la cárcel y fue deportado de nuevo.

Apenas una semana después, usó la segunda de las tres tentativas para ingresar a Estados Unidos, que le había vendido la organización de coyotes tamaulipecos. Esta vez terminó en la parte trasera de una camioneta, junto con otros migrantes, de noche. El conductor forzó la barrera de una ranchería y continuó su camino. Al llegar a la carretera, se encontró con una patrulla de la policía.      “Empieza una persecución, porque llevaba un cacho de alambrado atorado en la defensa y lo vieron sospechoso. Se juntaron unas cuatro patrullas, nos cercaron. El conductor sale de la carretera y se voltea la camioneta. Todos volteamos dentro”, narra.

Alejandro fue llevado a una prisión federal en Houston. “En las cárceles federales están los terroristas, las personas que mataron, que tienen una vida o dos vidas de sentencia, gente ya muy, muy pesada”, explica. El pasado 3 de noviembre, fue deportado de nuevo a México.

“Cuando me agarró Migración, estaba pagando un abogado. A lo mejor él podría, no sé, cooperar, o empezar a mover mi caso. Pero, pues, como no tengo los recursos para pagarle sus servicios a él… si nos van a ayudar aquí, les daríamos como la información de él”, explica.

Omisos

Los retornados se comunicaron con la organización civil Abogados por México, que se formó a raíz de la última reunión de la Institución Nacional por la Celebración del Día del Abogado (INCDA) –el pasado 20 de enero, mismo día que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos–, la cual ofrece asesorías legales gratuitas a los migrantes retornados o en riesgo de ser deportados.

La abogada Alejandra Del Río, integrante de la organización, reconoce, en entrevista con Apro, que el tema de la deportación no es nuevo, pero “tomó notoriedad porque el mismo presidente Trump se lo dio”.

Añade: “Estamos conscientes que durante el mandato de Barack Obama tuvimos la oportunidad de actuar (para los deportados), pero no teníamos la información exacta. La Cancillería tampoco advirtió de lo que estaba pasando, la canciller (Claudia) Ruiz Massieu omitió muchos comentarios que debió hacer a la administración de Obama”.

Del Río informa que, desde el pasado 20 de enero, la organización dio asesoría en 28 casos, tanto en México como en Estados Unidos. “Tenemos casos de familias separadas, de dreamers que tratan de protegerse, casos en los que las autoridades deportaron a la mamá y la abuela pero los hijos se quedaron ahí”.

Sigue: “A las personas que tienen antecedentes penales seguramente no los recibirán de regreso, mientras familias que tengan más de 15 años y no hayan logrado su ciudadanía tienen más chances. Estamos ante todos estos casos, pero en juicios comerciales también, ya que no es fácil que te regresen o reembolsen tu negocio después de la deportación”.

Según la abogada, existe el riesgo de que el número de peticiones de asesorías desborde las capacidades de la organización. “Esto irá escalando. Vamos a tener que apoyarnos mucho en las asociaciones en Estados Unidos. Estamos haciendo un llamado a todos los abogados en México y en Estados Unidos que están dispuestos a apoyar”.

 

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