MÉXICO.- El 10 de diciembre se llevó a cabo una sesión informativa con las y los embajadores latinoamericanos y caribeños acreditados en nuestro país sobre la demanda civil que el gobierno de México interpuso ante una corte de Estados Unidos en contra de fabricantes y distribuidores de armas de fuego, por prácticas comerciales negligentes que propician el tráfico de armas a nuestro país.
La reunión fue presidida por el consultor jurídico Alejandro Celorio Alcántara, y el director general para América Latina y el Caribe, Martín Borrego Llorente. Participó también el consultor jurídico adjunto “A”, Pablo Monroy Conesa.
Durante el evento, se abordaron las distintas acciones que ha emprendido el estado mexicano desde el ámbito nacional, bilateral, regional y multilateral para atender el tema del tráfico de armas. Se indicó que, como parte de sus acciones internacionales, el gobierno de México también se valió de los recursos jurídicos a su alcance para atender el problema del tráfico de armas desde su origen. Se explicó que este esfuerzo legal se inició por instrucción del canciller Marcelo Ebrard Casaubon tras la masacre de mexicanos en El Paso, Texas, en agosto de 2019, y varios incidentes con armas de alto calibre que posteriormente han ocurrido en nuestro país.
Se enfatizó que la demanda es en contra del comercio negligente de armerías y distribuidoras, no contra el gobierno de Estados Unidos. Tampoco se trata de un acto intervencionista, pues el estado mexicano ha recurrido al sistema legal de los Estados Unidos, que consideramos imparcial y que las empresas conocen bien.
El tráfico ilícito de armas es un tema de interés para México y para la región entera, la cual presenta los índices más altos de violencia con armas de fuego del mundo. A pesar de los contextos nacionales específicos, la violencia que propicia el tráfico de armas tiene consecuencias de gran magnitud en la calidad de vida de nuestras poblaciones, así como en el desarrollo de nuestros países. En muchos casos, porcentajes considerables de las armas que se encuentran en el mercado ilegal de nuestros países provienen de Estados Unidos.
Los embajadores latinoamericanos y caribeños agradecieron a México por compartir la estrategia del litigio y coincidieron en que la violencia que propicia el tráfico de armas de fuego es un desafío compartido en la región. La Secretaría de Relaciones Exteriores dará seguimiento para definir las formas más oportunas para dirigir el apoyo que se reciba de estos países.
Con información de Nazul Lopez
