RÍO DE JANEIRO.- Quince días antes del inicio de los Juegos Olímpicos, el periódico Folha de Sao Paulo publicó una encuesta devastadora para el evento deportivo. Según Datafolha, 50% de los brasileños está en contra de la realización de la justa y 64% piensa que le va a traer al país más perjuicios que beneficios.
Dentro de las razones que apuntan los entrevistados están, en primer lugar, los gastos que hará Brasil, y en segundo la corrupción, que implican este tipo de eventos.
Este resultado no sorprende a Pedro Trengrouse, profesor de la Fundación Getulio Vargas y especialista en economía deportiva: “La población considera que el gasto público es excesivo para los Juegos, pero además la infraestructura ha sido construida por empresas cuyos líderes están ahora presos por corrupción. Exactamente lo que la población brasileña rechaza profundamente, como ya lo había expresado durante el Mundial en 2014”.
El ánimo de los brasileños parece, efectivamente, idéntico al vivido a partir de la Copa Confederaciones, en junio de 2013. Aun siendo fanática del futbol, la mayoría de la población pensaba que el Mundial traería mucho más problemas que beneficios para el país. Y en 2014 la corrupción todavía no estaba dentro de los reclamos ciudadanos que pedían, sobre todo, que el gasto público fuera redistribuido para educación, salud y transporte.
Pero con el escándalo de la operación Lava Jato, que desde hace dos años investiga la corrupción en la petrolera estatal Petrobras y las principales constructoras del país, cualquier gran obra es vista con suspicacia.
Propinas para los padrinos
Las investigaciones muestran en efecto que muchas de las grandes obras recientes incluyen en su presupuesto un porcentaje que se destinaba a personajes o partidos políticos.
No todas las obras fueron investigadas, pero en las que sí, se ve el mismo esquema de corrupción descubierto en el Lava Jato petrolero. Sea una plataforma petrolera, sea la megapresa de Belo Monte, sea el estadio de Sao Paulo, los investigadores constataron que entre 3% y 5% del presupuesto estaba destinado a pagar “propinas” a personajes políticos, o a intermediarios que lo “lavaban” enseguida para las campañas políticas.
El Estado de Río –tanto por ser una entidad petrolera como también escenario de importantes obras de estos últimos años, como las del Mundial de Futbol y los Juegos Olímpicos– comenzó rápidamente a aparecer en las declaraciones de los delatores del sistema de corrupción.
Los “padrinos” políticos de Río son citados varias veces por esos delatores: por ejemplo Sergio Cabral, gobernador entre 2007 y 2015, quien aparece como receptor de una “propina” de 5% a cambio de la reforma y concesión del estadio Maracaná.
Los delatores fueron tanto los ejecutivos de la empresa Andrade Gutiérrez como los de Odebrecht; es decir miembros de las dos compañías que formaron un consorcio para ganar el contrato.
Hay también investigaciones en curso sobre otra propina: en las oficinas de Odebrecht la Policía Federal encontró una serie de documentos que detallaban la contabilidad de los sobornos.
Con la delación de la secretaria encargada de esos pagos para Odebrecht, se supo que atrás del apodo de Proximus se escondía Cabral. Existen varios pagos –500 mil reales en total– para Proximus, para la construcción y licitación de la nueva línea del Metro para los Juegos Olímpicos.
Desde entonces varias delaciones confirmaron ese esquema de propinas y agregaron otros, como el del complejo petroquímico en el estado de Río de Janeiro, y obras menores como la urbanización de una favela, denunciado a finales de junio en la declaración Clóvis Primo, ejecutivo de Andrade Gutiérrez.
Otro “padrino” político de Río y actualmente investigado por corrupción y lavado de dinero es Eduardo Cunha, diputado por Río de Janeiro, expresidente de la Cámara de Diputados y autor del pedido de desafuero contra la presidenta Dilma Rousseff.
Gracias a la cooperación internacional se sabe que Cunha tiene al menos 5 millones de dólares en cuentas bancarias de Suiza. Fue citado muchas veces en el caso Lava Jato, pero su nombre aparece también ligado a las obras olímpicas.
De hecho, a principios de junio la Corte Suprema recibió la tercera denuncia contra Cunha de parte de la Procuraduría General de la Unión, que lo acusa de haber recibido un soborno a cambio de la mayor obra olímpica: la renovación de la zona portuaria, un proyecto conocido como “Puerto Maravilha” y que representa la más grande asociación público-privada de Brasil.
Todavía no hay investigación ni denuncia por corrupción relacionada con los Juegos Olímpicos contra Eduardo Paes, alcalde de Río desde 2008 y tercer “padrino” político de la ciudad. Su nombre es citado por delatores del Lava Jato, pero en relación con financiamientos de campañas; nada que tenga que ver con la alcaldía.
Según los datos oficiales, el primer presupuesto de los Juegos en 2008 era de 28.8 mil millones de reales. En 2016 la suma ya era de 39.07 mil millones de reales. Las actualizaciones de los datos año con año las hizo la misma alcaldía de Río.
“Este presupuesto subió sin explicación. Hay que entender que es mucho dinero, son 14 mil millones de reales más de lo que costó el Mundial en 2014. No es novedad para nadie que las empresas encargadas de las obras de los Juegos Olímpicos y otros proyectos en la ciudad de Río de Janeiro están involucradas en varios escándalos de corrupción. No debería sorprender a nadie que queramos investigar los contratos por el tamaño de las obras y por la mala reputación de quienes las hicieron”, explica a Proceso Renato Cinco, consejero municipal de oposición, del partido de izquierda PSOL.
En Río un solo partido domina realmente el escenario desde hace al menos 10 años: el PMDB, del actual presidente interino de Brasil, Michel Temer.
El PMDB tiene la ciudad, el estado y la mayoría de los diputados y senadores federales. Hasta ahora ese partido no ha sido realmente amenazado por la operación Lava Jato, aunque éste, junto con el PP, tiene más políticos investigados que el Partido de los Trabajadores, de Rousseff.
Pero a diferencia del PT, ni el tesorero ni su publicista ni ninguno de sus miembros están en la cárcel. Aliado de la presidenta hasta mayo, el PMDB votó unánime y masivamente por su desafuero en la Cámara de Diputados y en el Senado.
